La mala decisión de impedir que los funcionarios estatales comparecieran ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros tendrá consecuencias que, en el corto plazo, quizá no se lamentará, pero conforme pase el tiempo sí porque terminará afectando la vapuleada imagen de la mandataria tlaxcalteca.
Y me explico, la mayoría de los estudios de opinión elaborados recientemente por diferentes empresas coinciden en los bajos niveles de aprobación ciudadana de la Lorena Cuéllar, situación que le ha colocado en los últimos lugares a nivel nacional en el ranking de los gobernadores del país.
Los tlaxcaltecas no sólo reprueban la actual administración estatal, sino que consideran que el problema de la inseguridad está fuera de control y que los actos de corrupción en el gobierno lorenista son permanentes y constantes.
A lo anterior habría que agregar el descontento que existe en torno a los deficientes servicios del sector salud, al desempleo, al alza de precios y a la falta de obra pública por parte de las autoridades estatales y de los presidentes municipales.
En pocas palabras, el clima político y social en la entidad tlaxcalteca no es el indicado para sacar a relucir la soberbia y la petulancia de que existe un control absoluto y que hago lo que quiero, pues puede ser un mensaje que los ciudadanos y las ciudadanas no reciban nada bien.
La arrogante mayoría de los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado para proteger, solapar y hasta encubrir a funcionarios del gabinete de Lorena Cuéllar para que a través de las comparecencias eviten dar explicaciones, rindan cuentas y aclaren muchas dudas sobre lo que se está haciendo es una bravuconada y una jugarreta que les podría salir muy caro, porque el pueblo es sabio y obviamente va a especular que en el gobierno algo huele mal y que los legisladores tratan de esconder.
Me queda claro que al secretario de Gobierno, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, poco le importó el tema y por esa razón no ha interrumpido sus lujosas y prolongadas vacaciones por Europa y Dubai.
Dicen que el titular de la Segob fue el que habría ordenado a los dóciles diputados y diputadas locales impedir las comparecencias, ya que desde su avezada experiencia política en estos momentos en el Poder Legislativo no hay un líder fuerte y capaz de controlar los ímpetus de la oposición, de ahí que lo prudente fue no arriesgar a los subordinados lorenistas que no sabrían explicar muchas cosas a ciertas legisladoras que se muestran diestras en el manejo de algunos temas de la administración pública.
A lo mejor alguien recomendó a quien ejerce el poder evitar al máximo los corajes y los enojos para no dañar su rejuvenecida expresión que desde hace unos días anda presumiendo.
Por eso, quizá se optó por atentar con uno de los pocos ejercicios de rendición de cuentas que permanecían vigentes en Tlaxcala.
Lo más sano hubiera sido analizar las variables, el entorno político y no dejar de ver la percepción ciudadana que conforme han pasado los meses sigue deteriorándose en menoscabo de la imagen de la gobernadora Lorena Cuéllar.
Pareciera que la decisión se tomó a la ligera sin ningún análisis serio y sin la seriedad e importancia que tiene el tema.
Si los diputados locales de Morena y a sus aliados consideraron “inviable” llamar a rendir cuentas a los funcionarios del gabinete lorenista como lo propuso la Junta de Coordinación y Concertación Política es su problema y llegado el momento deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sobre todo cuando surjan los escándalos de corrupción, las deficiencias en materia de seguridad y salud y otros asuntos más que no se podrán ocultar con el voto de 19 legisladores tlaxcaltecas.
Es una vergüenza que haya diputadas como la limitada representante del Partido Verde Ecologista de México, Soraya Noemí Bocardo Phillis, quien argumentó que la actual legislatura no caerá en “caprichos políticos” y en la “politización” de la glosa del tercer informe sólo porque hay representantes populares del PRD (Laura Flores Lozano y Blanca Águila Lima) y del PAN (Miriam Martínez Sánchez) que urgieron a llevar a cabo las comparecencias para garantizar la transparencia y el equilibrio de poderes.
La rendición de cuentas no es un capricho es una obligación.
El pueblo tiene el derecho a saber y a estar informado.
Si las autoridades de Morena y sus diputados piensan que no habrá consecuencias, se equivocan porque acaban de asumir la misma actitud de anteriores gobiernos estatales y que siempre criticaron, como la de esconder información, solapar la corrupción y la ineficiencia de funcionarios, no dar la cara y otras más.
En fin, no cabe duda que Morena está convertido en el nuevo PRI, sólo que ahora se pinta de guinda.
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