Por qué los diputados y las diputadas de Tlaxcala legislan a medias y dejan asuntos relevantes para después.
Si la instrucción a nivel federal fue desaparecer varios organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuyas sus funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por qué en la entidad se prolongará la cancelación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala.
En la pasada sesión del IAIP, los comisionados confirmaron que lamentablemente no hay certeza sobre la permanencia del Instituto y ni sobre la fecha en que éste organismo podrá desaparecer en Tlaxcala, pero dejaron entrever que esa decisión se podría dar en semanas o quizá meses.
El comisionado Ángel Espinoza Ponce sostuvo que tarde o temprano el gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros y los legisladores de ese partido junto con sus aliados harán lo propio para enterrar el IAIP, de ahí que sólo falta conocer los plazos y los recursos que se deberán autorizar para llevar a cabo esa instrucción.
Deberá existir una reforma legal que ordene la desaparición del Instituto y otra más para ver qué dependencia estatal asumirá sus atribuciones y el personal, la cual podría ser la Secretaría de la Función Pública que se robustecerá en los siguientes meses.
Los diputados y las diputadas tuvieron tiempo para analizar el caso, sin embargo optaron por posponer la discusión del IAIP, lo que provocó hace unos días un encontronazo por la presidencia del organismo entre los comisionados Arturo de Casa Vega y Ángel Espinoza, la cual quedó en manos del primero por ser un personaje a fin a los intereses del gobierno lorenista y de Morena.
Seguramente hay cientos de solicitudes de información que están en proceso o que no han sido atendidas, de ahí que lo más probable es que no tarden en ser ventilados los funcionarios que han puesto trabas a la transparencia, lo que obviamente afectará la imagen de la administración estatal que será tachada de esconder ciertas compras o contratos.
Uno de esos temas que se pretenden ocultar es el caso de la adquisición de las camionetas de lujo y el costo que tuvo para el gobierno el blindaje que se les instaló. Será interesante conocer el nombre de la empresa encargada de ese trabajo y cómo fue que obtuvo ese contrato porque se duda que haya sido a través de una licitación pública.
También será básico saber de qué partida y la dependencia estatal de dónde salió el recurso y cuáles fueron los argumentos para comprar esas unidades y quiénes son los funcionarios o familiares de la mandataria a los que les asignaron esas camionetas.
La compra se realizó hace algunos meses y es la fecha que nadie quiere hablar del tema y dar la información para aclarar las dudas y transparentar la compra.
A los legisladores tlaxcaltecas les conviene analizar el caso y dejar al IAIP el menor tiempo posible en el limbo, porque de por sí no se ve nada bien que ahora los gobiernos morenistas quieran borrar el avance que México había alcanzado en materia de transparencia.
Nadie va a creer que las autoridades que controlan la información mostrarán apertura y disposición para dar a conocer las compras, contratos y otros datos que se requieren para descartar que no hay corrupción entre los funcionarios.
El tema de la probable desaparición del IAIP no es menor y me parece que se está tomando a la ligera, debido a que el asunto se está desdeñando cuando es una realidad que los ciudadanos y las ciudadanas perciben que el problema de la corrupción en el gobierno lorenista va creciendo y es cada vez más grave según lo revelan algunos estudios de opinión pública.
Veremos en qué termina el caso.
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