Los “brillantes” asesores de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hicieron su chamba, al igual que los dóciles y obedientes diputados y diputadas, por lo que ya dejaron a su suerte la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial de Tlaxcala que carece de cronograma, ruta crítica, tiempos y lo más importante, de recursos económicos para poder llevarla a cabo.
La reforma al Poder Judicial que se hizo apresuradamente en el escritorio de los funcionarios y los legisladores tlaxcaltecas omitió muchos aspectos operativos que, de no ser resueltos a la brevedad, no descarte que ese ejercicio tan presumido por Morena se convierta en un fiasco al no garantizar certeza, imparcialidad y la legalidad.
Si bien el proceso de elección inició el pasado 17 de diciembre, hasta ahora sólo se sabe que la mitad de juezas y jueces que laboran en los ocho distritos judiciales de la entidad serán elegibles, así como la mitad de quienes conforman el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y la totalidad de los cargos en los tribunales de Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA).
Sin embargo, el número exacto lo deberá determinar el Consejo de la Judicatura del Estado que no ha establecido los criterios y razonamientos jurídicos para decidir qué jueces y juezas irán a esta elección y quiénes serán los magistrados y las magistradas que pasarán la prueba de las urnas el próximo 1 de junio de 2025.
Por ejemplo, no se sabe quiénes serán los cuatro de los siete magistrados del TSJE en funciones que irán a las urnas ni cuál será el criterio para decir estos sí y estos no.
O qué pasará si Claudia Pérez Rodríguez que aspira convertirse en juzgadora federal y que sigue avanzando en el proceso que se realiza a nivel federal sale entre las juezas locales que tendrá que someterse a la voluntad popular, pero en el ámbito local.
Estamos a cinco meses de la primera elección para elegir jueces y magistrados en Tlaxcala, tiempo que quizá parezca suficiente, pero que a lo mejor implicará para los organizadores trabajar a marchas forzadas porque sencillamente no hay nada más que declaraciones y pocos hechos concretos y definidos.
De entrada, al Instituto Tlaxcaltecas de Elecciones (ITE) no se le autorizó ningún presupuesto adicional (sólo dispondrá para el 2025 de más de 128 millones de pesos) para desarrollar esa elección, es decir, no hay dinero para la impresión de boletas, ni para la instalación de más de mil casillas ni para poner en marcha la parte operativa de esos comicios.
Hasta ahora los sumisos consejeros electores del ITE comandados por Emmanuel Ávila González no han revelado cuánto estiman que costará tal elección y cuánto dinero requieren para iniciar su trabajo.
Hay que tener presente que el INE está sufriendo para sacar la elección a nivel federal de ministros, magistrados y jueces federales , debido a que no le fue autorizado el presupuesto solicitado de 13 mil millones de pesos.
El Congreso del Estado aunque aún está a tiempo (a finales de enero), es la fecha que no ha emitido la convocatoria a efecto de integrar los listados de quienes aspiran a ir a la contienda el 1 de junio.
Lo anterior es importante porque los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán conformar sus comités de evaluación y continuar con el proceso, lo cual empezarán a sentar las bases de la legalidad y de la imparcialidad, ya que dependiendo de la forma en que se lleve a cabo esos trámites se comprobará si existen o no dados cargados para beneficiar a ciertos participantes.
Es obvio que los lorenistas buscarán apoderarse de todos los cargos que estarán en juego y garantizar de esa forma no sólo el control del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sino de los tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje.
El tiempo apremia y la operación debe ser efectiva para lograr que esa elección salga con legitimidad y sin cuestionamientos.
************************************************************************
Post Views: 3.678