Grave la acusación realizada por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, en el sentido de que en la entidad operó una red delictiva que involucra a trabajadores de la dependencia, un notario y un perito y un contralor, la cual vendió en Tlaxcala 35 casas de interés social 792 veces en solo un año.
El fraude nacional que operaba en al menos 21 estados del país, según los datos del funcionario federal, asciende a más de mil 200 millones de pesos.
Lo grave y preocupante, es que Tlaxcala se ubica entre las entidades donde más operaciones de ese fraude se concretaron, pues se encuentra por arriba del Estado de México (4 mil 130), Jalisco (2 mil 037), Baja California (mil 696) y Nuevo León (mil 060), donde se han vendido viviendas de interés social hasta en cuatro ocasiones.
Por qué no se reveló el nombre del notario involucrado, por qué no hay funcionarios detenidos, por qué las autoridades de la Dirección de Notarías y Registro Públicos del Estado de Tlaxcala no detectaron la irregularidad y procedieron en consecuencia, son preguntas que nadie ha respondido y que merecen ser atendidas.
Sin dudas el asunto deja muy mal parado a las ex autoridades del Infonavit que trabajaron en la administración del ex presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, pues de acuerdo con la información dada a conocer, las transas antes mencionadas ocurrieron entre el 2013 y el 2018.
Ojalá se aclare y se castigue ese fraude millonario y se informe quiénes son los personajes tlaxcaltecas involucrados.
Esperemos que no se trate de una simulación más del gobierno de Morena que tiene años diciendo que castigará y combatirá la corrupción cuando en los hechos no se ve que haya malos ex funcionarios públicos en la cárcel.
Que siempre sí
Por fin, Alberto Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, reconoció que en Tlaxcala sí operaba una célula del crimen organizado que tenía una base en el municipio de Apizaco, considerado como el de mayor incidencia delictiva en la entidad, la cual ya fue desmantelada por los cuerpos de seguridad del gobierno federal que coordina Omar García Harfuch.
Lo anterior echa a la basura la mentira que por años sostuvo el gobierno estatal en el sentido de negar una y otra vez la presencia del crimen organizado en Tlaxcala.
Y si las autoridades tlaxcaltecas participaron en ese operativo, entonces por qué el secretario de Seguridad Ciudadana federal no les dio crédito o por qué Alberto Perea calló por varios días para dar a conocer que sí estuvo enterado de esa acción y que sus elementos sí participaron.
También, valdría la pena que aclarara sí la policía estatal detectó su presencia o fue el área de inteligencia del gobierno federal.
Lo real es que nadie confía ni cree en las declaraciones del encargado de la seguridad pública en la entidad, porque si ayer reconoció que sí operaba el crimen organizado, seguramente en una semana volverá a su discurso lleno de mentiras de que en Tlaxcala no pasa nada y que sólo hay delincuentes comunes.
Cómo también lo ha venido declarando el ineficiente marino encargado de la seguridad en Apizaco, José Ramón Jaques Mena, quien suele declarar que en la ciudad las autoridades encabezadas por el inútil alcalde Javier Rivera Bonilla trabajan para devolver la paz y la tranquilidad, pero que en los hechos no pueden porque los delincuentes operan con total impunidad y los ciudadanos pueden corroborar lo anterior sin ningún problema.
Lo peor que le pudo pasar a Apizaco es que Rivera Bonilla fuera elegido presidente municipal y que Morena lo haya respaldado para conseguir el poder.
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