En Tlaxcala no pasa nada, según el comportamiento del gobierno lorenista que, al parecer, no vale ningún comunicado o postura oficial sobre el sangriento fin de semana que se registró, donde prácticamente hubo de todo.
Ningún funcionario, ya sea al morelense que despacha como secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, ni al inútil titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo y ni la encargada de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, tuvo la iniciativa de dar información de las ejecuciones de dos supuestos líderes del crimen que operaban en la entidad, ni de los otros delitos de alto impacto que se cometieron en diferentes municipios.
Poco o nada les importa el temor y la incertidumbre de los tlaxcaltecas que se enteraron de esos macabros asesinatos perpetrados en la capital del crimen como se conoce a Apizaco y en el municipio de Ixtacuixtla.
Si la jefa se divierte y canta a todo pulmón en el palenque de la feria donde no pudo ocultar su emoción por escuchar otra vez a Carlos Rivera, entonces no hay nada de qué preocuparse porque los datos oficiales siguen colocando a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país.
En los mandos policíacos y entre la tropa tanto de la policía estatal como en los elementos de la policía de investigación existe temor e intranquilidad, porque pareciera que la pelea por la plaza del huachicol y de la venta de drogas es un hecho y que no se descarta que se viva un “Operativo Barredora” como el que se registra en el vecino estado de Puebla y que es atribuido a un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Me parece que el gobierno lorenista se equivoca al callar y no dar información clara y oportuna sobre lo ocurrido a fin de dar tranquilidad a los tlaxcaltecas.
El hecho de que no hablen no quiere decir que las ejecuciones no generaron impacto, inquietud y angustia entre la población o que éstos crímenes no merecen una atención pronta y efectiva por parte de las autoridades tanto federales, estatales y municipales, pues la descomposición de la paz social es ya una triste realidad.
Resulta ridículo y un insulto a la inteligencia que el mandilón alcalde de Apizaco, el morenista por conveniencia Javier Rivera Bonilla, declare estupideces como el hecho de asegurar que la violencia en la ciudad rielera es una cosa normal y que no existe el crimen organizado, porque es obvio que ese camaleónico e inexperto político no puede conectar sus escasas neuronas con la lengua.
Minimizar el asesinato de uno de los principales presuntos distribuidores de droga y controlador del narcomenudeo en ese municipio es una idiotez, pues es obvio que en Apizaco se dará una lucha por ese territorio, de ahí que seguramente habrá más crímenes que nadie desea, salvo el cretino edil abarrotero que piensa que como ya son “cotidianos” los asesinatos y es “algo inevitable”, lo más probable, según él, es que sucedan nuevamente porque no es algo nuevo.
Ahora entiendo porque los ciudadanos y las ciudadanas de Apizaco rechazan y aborrecen a Javier Rivera, ya que es una monumental decepción que en 70 días ha demostrado que el puesto de presidente municipal le quedó muy grande.
Y créame cuando le digo que al torpe secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Perea, le gusta simular y burlarse de los tlaxcaltecas, pues hoy a través de un ridículo comunicado de prensa anunció la puesta en marcha en el municipio de Ixtacuixtla del operativo Cero Tolerancia, el cual se implementa tras el ataque armado que sufrió el pasado sábado por la noche el presunto huachicolero Antonio Guzmán quien viajaba en un automóvil en compañía de su hijo.
Un comando armado atacó a Toño Guzmán en su rancho localizado en la comunidad de San Antonio Atotonilco del mencionado municipio, pero dudo que dos días después los sicarios sigan en la zona y que ese irrisorio y estrafalario operativo logre algún resultado o la detención de los sujetos que acribillaron a esas dos personas.
Y si alguien tenía alguna duda sobre la presencia y operación del crimen organizado, valdría la pena que le preguntaran a la alcaldesa de San Pablo del Monte, Ana Lucia Arce Luna, quien en una reunión con inconformes aceptó que en el ayuntamiento hay personas que incurren en serias irregularidades y actos ilegales.
Según la verde ecologista, hay quienes deciden contra quien actuar y contra quien no cuando se pone en acción algún operativo o los elementos de la Dirección de Seguridad Pública detienen a alguna persona.
Lo anterior, según ella, es una herencia de la anterior administración que presidió Raúl Tomás Juárez Contreras.
La presidenta municipal sostuvo ante un grupo de inconformes que a pesar de que en muchas ocasiones han logrado asegurar tractocamiones robados, son los propios funcionarios los que han obligado al encargado de la Dirección de Seguridad Pública a cambiar la puesta a disposición para dejarlos en libertad.
El video de la mencionada reunión que circula en redes sociales confirma que el crimen organizado sí opera en Tlaxcala.
Sencillamente no se puede tapar el sol con un dedo.
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