Es curioso ver cómo aplica la ley Morena y más en el ámbito de la corrupción y presuntos quebrantos al erario.
Localmente, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros accionó desde hace algún tiempo el aparato para llevar ante la justicia a un alcalde en funciones y a otros ex presidentes municipales juntos con sus ex tesoreros y ex directores de obra para que respondan por la presunta malversación de fondos públicos en los que incurrieron mientras ejercieron el poder.
Hasta ahora, la mano de la justicia no ha tocado a ningún ex funcionario estatal, específicamente de la pasada administración que encabezó Marco Antonio Mena Rodríguez, donde se detectaron y comprobaron serias irregularidades administrativas y financieras.
Prácticamente, los ex funcionarios menistas fueron borrados de la lista de los probables responsables de desfalcos, lo que cada vez confirma la versión que entre Marco Mena existió un pacto con Lorena Cuéllar y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que éste entregara el poder en Tlaxcala a cambio de que él y ninguno de sus colaboradores fuera perseguido o sancionado.
O que alguien me explique por qué los montos que tiene Tlaxcala pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no han derivado en ninguna responsabilidad penal o administrativa.
Del ejercicio fiscal del 2014 al ejercicio fiscal del 2023, Tlaxcala no ha podido justificar ante ese ente fiscalizador más mil 745 millones de pesos, de los cuales la mayor parte se generó en el gobierno del ex priista Marco Mena.
A la administración del priista Mariano González Zarur le detectaron irregularidades en el 2014 por casi 90 millones de pesos, sin embargo en los siguientes tres años (2015, 2016 y 2017) no reportó ningún quebranto, según el reporte de la ASF.
Lo anterior, revela que fue el gobierno de Marco Mena el que más anomalías financieras generó en los últimos diez años, pues en el 2018 las observaciones fueron de más de 302 millones, para sumar las del 2019 que casi alcanzan los 76 millones de pesos, para después incrementar esa cifra en el 2020 a más de 152 millones de pesos.
Para cerrar su administración y compartir la responsabilidad con el gobierno de Lorena Cuéllar que manejó los recursos financieros de Tlaxcala de septiembre a diciembre, en el 2021 el presunto daño patrimonial superó los 707 millones de pesos.
Y por lo que respecta al primer ejercicio fiscal ejercido por la mandataria Cuéllar, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 alcanzaron la cifra de más de 417 millones de pesos.
El informe preliminar de la ASF correspondiente al 2023 revela que las inconsistencias detectadas en Tlaxcala son por 126 mil pesos y éstas estarían concentradas en el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.
Del total de pendientes que Tlaxcala debe aclarar a la Auditoría Superior de la Federación, el 71 por ciento de esos recursos corresponde al gobierno de Marco Mena, ya que la administración de Mariano González sólo es responsable del 5.2 por ciento y el resto es responsabilidad de la actual gestión que encabeza Lorena Cuéllar.
Lo curioso es que nadie molesta ni está haciendo algo para tratar de castigar las presuntas irregularidades del ex gobernador Marco Mena y sus colaboradores que al parecer saquearon las finanzas de Tlaxcala y no enfrentarán ningún castigo.
Tan es así, que el traidor y castrado Marco Mena aparece hoy como impoluto funcionario del gobierno de López Obrador, pues desde el 16 de agosto del 2023 se desempeña como Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Si hay alcaldes que se les metió a la cárcel por un presunto quebranto de casi 10 millones de pesos, me parece que también hay elementos para aplicar la ley a los ex funcionarios menistas que al parecer sólo malversaron más de mil 200 millones de pesos.
O usted qué piensa.
El relanzamiento de la Coracyt
Sin duda el gobierno de Lorena Cuéllar sumó un logro importante más al optar por el relanzamiento del sistema público de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en Tlaxcala que por años fue abandonado.
La mandataria tlaxcalteca ya anunció que vendrán nuevos tiempos y varias acciones tendientes a la modernización de ese mencionado servicio público. El canal de televisión se recuperó y a las estaciones de radio se les invertirá recursos para actualizar sus equipos. Pronto se tendrán nuevas instalaciones y se trabajará en la consolidación de la plataforma digital de la Coracyt a fin de cumplir con el objetivo de comunicar y dar voz al pueblo.
El encargado de despacho de la presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil Rodríguez, destacó el trabajo que se realiza en Tlaxcala en el sistema público de las telecomunicaciones y de la radiodifusión y que es impulsado por la gobernadora Cuéllar, pues sin duda es un referente y un ejemplo que los demás mandatarios del país deberían seguir.
Bien por ese logro y resultado.
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