Y ahora quién podrá salvarnos

La descomposición social y la pérdida de la gobernabilidad en Tlaxcala es cada vez más evidente.

 

 

No sólo las autoridades municipales ya están siendo rebasadas, sino las estatales que muestran su incapacidad para atender y resolver la problemática que golpea a los tlaxcaltecas.

 

Uno podría entender esa circunstancia en los gobierno municipales que están por cumplir dos años en el poder y que su relevo se dará en el 2024, pero no en una administración estatal que por lo general siempre llega a la mitad de su periodo empoderada y viviendo un proceso de maximización de su influencia, dominio, fuerza, capacidad, autoridad y de mando.

 

En Tlaxcala cada vez es más frecuente ver cómo faltan el respeto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Los criminales y las bandas de maleantes no le temen a un gobierno estatal incapaz de enfrentarlos, por eso realizan ejecuciones en pleno día y ante testigos, como la ocurrida ayer en el municipio de El Carmen Tequexquitla donde fue abatido Eduardo N., conocido por algunos lugareños como «El Calderas» y que era el presunto responsable del huachicol y la venta drogas en esa región.

 

La cantaleta de que no existe el crimen organizado en la entidad es una frase que desde hace semanas se fue al cagadero, porque se dice o se especula que en la ejecución de “El Calderas” estuvo “La Tuza”, otro presunto criminal que encabezaría una banda contraria, la cual tendría cercanía y hasta protección de las autoridades de El Carmen Tequexquitla.

 

Las ejecuciones llegaron para quedarse y de todas las que se han cometido, especialmente en las últimas semanas, en ningún caso la policía estatal ha podido intervenir o ha hecho el intento de detener a los responsables que siempre logran darse a la fuga, lo cual obviamente demuestra que el secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, es un inepto porque su estrategia para frenar la ola de inseguridad es un fracaso.

 

Sólo un ciego no vería la descomposición social en Tlaxcala y la pérdida de la gobernabilidad. Los tres linchamientos registrados en lo que va de la actual administración son un claro ejemplo, así como las constantes ejecuciones y el temor que siente un pueblo para salir a las calles a realizar sus actividades cotidianas.

 

Nadie atiende los problemas elementales como la falta de agua que se reportó desde hace meses en varias comunidades de Calpulalpan. La gobernadora Lorena Cuéllar enfrentó los gritos de reclamos de los ciudadanos y las ciudadanas cuando vieron que acudió a un evento público donde estaba acompañada del inútil alcalde del PAC, Edgar Peña Nájera, protesta que de nada sirvió porque días después los habitantes se vieron obligados a cerrar la carretera de esa zona para ejercer presión.

 

Sin embargo, su osadía de exigir agua fue castigada con represión y gases por parte de la policía estatal.

 

La confrontación con sindicatos está llevando a la administración estatal a una ruta que podría conducir a paros, enfrentamientos y a la inestabilidad laboral.

 

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, ayer enfrentó al personal sindicalizado de esa dependencia, con quien hasta hace unas semanas mantenía una relación de contubernio y complicidad que afianzó con su dirigente, Blanca Águila Lima, porque tuvo que tragarse los gritos y los señalamientos que le reprochaban los empleados del Hospital General de Huamantla por la falta de insumos.

 

Zamudio Meneses no sólo perdió la sonrisa, sino la compostura al recurrir a los gritos para enfrentar los reclamos, hecho que lo hizo quedar muy mal porque no sólo se mostró desesperado, sino incapaz para dar una respuesta y una solución al personal sindicalizado.

 

Unas horas antes, los miembros de ese combativo sindicato también la emprendieron contra el soberbio e incompetente director administrativo de la Secretaría de Salud, Gilberto Mendoza Jiménez, a quien acusan de prepotente y déspota.

 

A todo lo anterior hay que sumar las protestas de ex trabajadores del Cobat que exigen el pago de sus laudos y que el gobierno estatal se niega a cubrir, así como la problemática existente en varias escuelas como la de Tenango donde unos padres de familia demandan la destitución de una directora o la negativa que muestra el ministerio público para atender y dar celeridad a una denuncia por malversación de las cuotas escolares registrada en la Técnica Número 1.

 

Resulta increíble la protección que el gobierno estatal ha dado a presuntos acosadores de estudiantes. En el caso del Cobat 01, el prefecto que fue evidenciado y señalado por las alumnas y sus padres, Raúl Hernández Ramírez, fue cambiado de turno y escondido para evitar que las protestas siguieran, según recomendó el director general de ese subsistema educativo, Darwin Pérez y Pérez.

 

Si a ese prefecto no le hicieron nada, usted cree que le aplicarán la ley al Director Administrativo de Cobat, Carlos Francisco Fernández Salas, quien al parecer enfrenta una investigación en la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar y de Género, Región Sur, con sede en la Ciudad de Tlaxcala,. Ese funcionario se vio obligado a establecer un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato por haber incurrido en acoso y violencia sexual contra una trabajadora administrativa del área de la Contraloría, misma que habría sido separada de su puesto por interponer la demanda correspondiente.

 

Se dice que ese funcionario ya habría tenido un mal comportamiento en el Cobat, ya que también hostigó a una estudiante, asunto que también trascendió pero que no pasó a mayores por la protección que hoy se da a acosadores.

 

Poco a poco se está perdiendo la estabilidad institucional y política en Tlaxcala, pues es un hecho que no hay efectividad en la toma de decisiones y en la administración, lo cual debe ser un motivo de preocupación porque la gran mayoría de los miembros del gabinete lorenista están rebasados.

 

Por esa razón se pregunta uno, y ahora quién podrá salvarnos.

 

 

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