Sobre la corrupción e impunidad nadie quiere hablar y menos cargar esos temas porque está comprobado que para los políticos y gobernantes se vuelven lapidarios.

 

El informe del 2021 de la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de los recursos públicos en Tlaxcala es el último donde el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros tiene una responsabilidad compartida con la administración priista que encabezó Marco Antonio Mena Rodríguez, porque a partir del 2022 todas las observaciones, los quebrantos y los posibles daños patrimoniales que se detecten ya serán exclusivamente responsabilidad suya.

 

Y por lo que se pudo observar, el tema de la corrupción es un asunto sensible y de mucho interés para la actual administración, por lo que no deben minimizarse las declaraciones del actual secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien aclaró que las irregularidades por 712 millones 566 mil 473 pesos detectadas en el Poder Ejecutivo no deben ser atribuidas al gobierno morenista, sino también a la gestión priista de Marco Mena que ejerció la mayor parte del gasto al abarcar de enero a agosto del 2021.

 

Los procesos de responsabilidad administrativa y resarcitoria han iniciado según Sergio González, de ahí que se espera que los ex funcionarios menistas respondan por las inconsistencias generadas y aclaren el destino de los fondos públicos.

 

Valdría la pena que el secretario de Gobierno aclare cuál fue el monto observado a la actual administración por los meses de septiembre a diciembre del 2021 y cuál es el que corresponde al gobierno de Mena, así como precisar quiénes son los ex funcionarios o funcionarios con pendientes a fin de dar claridad y transparencia a un asunto tan delicado.

 

La actual administración nunca dio un informe detallado del proceso de entrega recepción entre los gobiernos de Marco Mena y Lorena Cuéllar. Se habló de anomalías financieras, excesos, faltantes y probables daños patrimoniales, pero nunca se precisó montos o se confirmó el inicio de procedimientos administrativos o penales contra los probables responsables de esas inconsistencias.

 

Es un hecho que la administración de Marco Mena no carga un peso tan pesado sobre el tema de la corrupción como sí pasa con el gobierno del también priista Mariano González Zarur o con la gestión del panista Héctor Ortiz Ortiz.

 

El gobierno lorenista que va encaminado a su segundo año enfrenta un desgaste acelerado, el cual se ha podido contener en gran parte por la imagen positiva que los tlaxcaltecas tienen de la mandataria, a quien le reconocen su trabajo, entrega, honestidad, su vocación de servicio y sus esfuerzos para tratar de solucionar los problemas de la entidad.

 

Los niveles de aprobación de la gobernadora Cuéllar la han ubicado entre los mejores mandatarios evaluados en el país.

 

Sin embargo, sus colaboradores no han entendido su rol y cuál es su función. Se preocupan más por su imagen, su futuro y en justificar sus errores que en concentrarse en el trabajo y en dar resultados. El fantasma de la corrupción ya se pasea por varias dependencias y aunque es un tema que si bien no ha permeado en el imaginario colectivo de los tlaxcaltecas, lo cierto es que cada vez se habla más del asunto y se vincula a ciertos funcionarios estatales a esa nefasta práctica que siempre termina por dañar a todo el gobierno.

 

El miércoles de esta semana la gobernadora Lorena Cuéllar sostuvo una reunión con los directores administrativos de todas las dependencias estatales, a quienes les volvió a solicitar que se esfuercen en manejar correctamente los recursos públicos, a realizar las compras de materiales y equipos que necesiten a través de la Oficialía Mayor de Gobierno y a evitar fallas o inconsistencias administrativas que deriven en observaciones de los entes fiscalizables.

 

La mandataria sabe que el próximo informe (corresponderá al ejercicio fiscal del 2022) de la Auditoría Superior de la Federación será de su gobierno y que resultaría negativo para su imagen si se iguala el monto de las observaciones detectadas durante el 2021 o si éstas superan las cantidades acreditadas como presuntos malos manejos.

 

El tema de la corrupción siempre ha sido un tema sensible para la gobernadora, por lo que a partir de ahora ese asunto seguramente recibirá más atención y se castigará cualquier error que se cometa en el manejo de los fondos públicos, por lo que no dude que los cambios y ajustes en las áreas administrativas del gobierno y en las dependencias sigan registrándose tal y como se ha visto en las últimas semanas.

 

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