El informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre los presuntos malos manejos financieros registrados y documentados en Tlaxcala que fueron cometidos por el gobierno estatal, presidentes municipales e instituciones educativas durante el 2021 y que de manera conjunta suman mil 396 millones 215 mil 500 pesos, se convertirá en un buen parámetro para medir el comportamiento y proceder de las actuales autoridades y su postura para castigar la corrupción de la que siempre han hablado pero nunca han sancionado.
Los desvíos detectados involucran ocho meses del gobierno del mandatario priista Marco Antonio Mena Rodríguez y el mismo tiempo de los ex presidentes municipales que fueron observados, mismos que dejaron el cargo en agosto del 2021 para dar paso a las nuevas administraciones tanto a nivel estatal como en los ayuntamientos que fueron las que manejaron el presupuesto de septiembre a diciembre de ese mismo año a fin de cerrar ese ejercicio fiscal.
La queja recurrente de los nuevos funcionarios estatales y de los nuevos alcaldes y alcaldesas fue que recibieron las arcas vacías y que sólo encontraron fondos públicos para cerrar el 2021, de ahí que se deduce que la mayor parte de los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación corresponden al gobierno menista y a las pasadas administraciones municipales.
Las observaciones forman parte del rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas. Al gobierno de Tlaxcala se le documentaron irregularidades por no comprobar correctamente los recursos por 712 millones 566 mil 473.56 pesos, de ahí que lo interesante será conocer si el monto es responsabilidad de la administración de Marco Mena o si una parte fue provocada por el gobierno morenista de Lorena Cuéllar Cisneros.
Sobre los funcionarios menistas existen acusaciones y serias sospechas de que malversaron recursos públicos, sin embargo la actual secretaria de la Función Pública, la priista de corazón y morenistas de conveniencia, Eréndira Cova Brindis, al parecer se ha dedicado más a cubrir y solapar a sus compañeros de partido que en abrir e iniciar los procesos administrativos y penales para sancionar sus excesos y abusos.
En febrero el gobierno lorenista cumplirá su primer año y medio en el poder, tiempo en que ningún ex funcionario de Marco Mena ha sido llamado a cuentas o molestado por sus presuntos actos de corrupción.
Una parte importante de las observaciones tienen que ver con los procesos de adquisición, arrendamientos o servicios, obra pública y, principalmente, incumplimientos a la normativa en el rubro de servicios personales y por no haber acatado lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde las observaciones alcanzaron los 431 millones 191 mil pesos, debido al incremento desmedido en salarios y compensaciones.
Y aunque parezca un chiste, también fueron señalados los diputados locales de la pasada legislatura que dejaron varios pendientes por aclarar, debido a que se asignaron salarios y compensaciones por la cantidad de 7.5 millones de pesos.
Varios de esos diputados tienen cargos importantes como el ladino y galán Ramiro Vivanco Chedraui que hoy maneja la poderosa Oficial Mayor de Gobierno, dependencia que reparte la obra pública y se encarga de todas las compras que realiza la actual administración estatal.
También se incluyen casos de algunos municipios que resultan escandalosos y que seguramente tendrán implicaciones para los ex alcaldes que probablemente correrán la suerte del voraz petista Antonio Mendoza Romero que enfrenta sendos procesos resarcitorios por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que podrían dejarlo en la calle.
En Huamantla se encontraron irregularidades por 70 millones 898 mil pesos y se presume que la gran mayoría corresponde al ex alcalde priista Jorge Sánchez Jasso, mientras que en Papalotla las anomalías detectadas fueron de 29 millones 465 mil 668 pesos y son atribuidas al ex edil del PRI, Jesús Herrera Xicohténcatl.
Habrá que ver en qué terminan las actuales observaciones millonarias detectadas y esperar un año más para conocer cuáles son los resultados que arrojará el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 2022, año en que ya se podrá medir que tan eficiente y honestos están resultando no sólo los funcionarios lorenistas, sino los actuales alcaldes y alcaldesas de Tlaxcala porque el manejo de los recursos públicos será exclusivamente atribuido a ellos.
Por lo pronto será necesario escuchar y leer declaraciones tontas y absurdas como la del limitado diputado Jaciel González Herrera, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Estado, quien ante el monto millonario de las observaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación sólo se le ocurrió decir que no serán tapadera de funcionarios y ex autoridades.
Para nadie es un secreto que los actuales diputados y diputadas no han hecho nada para castigar la corrupción o que me diga ese pazguato legislador que han hecho o van hacer para castigar los excesos de los anteriores inquilinos del Poder Legislativo que dejaron basificados y cobraron lana de más.
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