La prórroga que recibieron los alcaldes y las alcaldesas de la entidad para corregir las inconsistencias y deficiencias que registraba la operación irregular de sus policías municipales está por vencerse.
Se podría decir que sencillamente esas autoridades no aprovecharon el tiempo para legalizar la situación de sus elementos destinados a la seguridad pública, por lo que en breve tendrán que enfrentar la situación de sus decisiones.
Los presidentes municipales y las presidentas municipales en funciones les ha valido la seguridad pública y siguen cargando esa responsabilidad al gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo lo anterior pronto cambiará porque no se permitirá que esas autoridades sigan siendo omisas e irresponsables por no apoyar la estrategia y acciones que se llevan a cabo para contener la ola delictiva que se vive en Tlaxcala.
Hace unos meses, las autoridades municipales fueron advertidas a través de oficios que sus cuerpos policiacos operaban al margen de la ley, es decir, no sólo tenían uniformados que carecían de los exámenes de control y confianza, sino que además no estaban debidamente certificados. Además, utilizaban los recursos públicos destinados para pagar a policías para solventar sueldos de amigos, recomendados, novias o aviadores que recibían una remuneración sin realizar ninguna actividad relacionada con la seguridad.
Todos los alcaldes y alcaldesas fueron observados y notificados que tendrían que reintegrar a las finanzas de sus ayuntamientos sumas importantes de recursos públicos, porque pagaron sueldos a personal que no estaba evaluado ni certificado, de ahí que su contratación es considerada como irregular y lo que es peor es catalogada como daño patrimonial.
De acuerdo con la información disponible, de los 2,344 policías municipales que se debieron evaluar y certificar, hasta agosto sólo habían cumplido con ese requisito el 50 por ciento de esos elementos.
No obstante, de los 1,167 elementos evaluados, sólo 793 lograron la aprobación y 376 policías municipales fueron reprobados, sin que se sepa con exactitud si esos uniformados siguen laborando o fueron dados de baja.
En proceso de evaluación se encuentran otros 371 policías, pero lo que preocupa y debería generar cierta incertidumbre al gobierno estatal es que en términos reales es que hasta ahora sólo 353 elementos cuentan con el Certificado Único Policial, lo que explica claramente porqué los policías municipales no aportan nada ni contribuyen en mejorar la seguridad pública en los 60 municipios de la entidad.
Lo anterior también revela porque hay abusos de autoridad en los municipios por parte de los policías y porque se han registrado “suicidios” en instalaciones de las policías municipales como en Apizaco, Tlaxcala, Ixtacuixtla y en otras más.
En septiembre vence el plazo que recibieron los alcaldes y las alcaldesas para corregir esas anomalías, pero por las cifras que se reportan difícilmente alguno cumplirá porque aún existen 806 policías municipales que laboran sin estar evaluados.
Hay casos de presidentes municipales que demuestran que la seguridad pública les importa muy poco, como el de Zacatelco en donde Hildeberto Pérez Álvarez, alias “El Cachorro”, se ha desatendido olímpicamente de esa responsabilidad, ya que de los 56 elementos con que cuenta el ayuntamiento, sólo 7 han sido aprobados, 16 no han sido aprobados y sólo 2 han obtenido el Certificado Único Policial.
Vaya ni ayuntamientos con el mayor número de policías han concluido ese proceso, como Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan y San Pablo del Monte.
Ojalá que una vez vencida la prórroga las autoridades del Órgano de Fiscalización Superior proceden a realizar las observaciones y obliguen a los alcaldes y a las alcaldesas a reintegrar los recursos públicos que se han ejercido incorrectamente en ese rubro, porque quizá es lo que se necesita para que los presidentes y las presidentas municipales se pongan las pilas y respalden las acciones que el gobierno estatal lleva a cabo para mejorar la seguridad pública en el territorio tlaxcalteca.
Si se les advirtió del problema y se les exhortó para que emprendieran las acciones para corregirlo, es obvio que al no cumplir ni atender el asunto muestran un total valemadrismo que necesariamente debe ser castigado, o no.
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