El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González Hernández, se volvió a equivocar en el caso de Yeny Charrez Carlos, porque su necedad de tratar el asunto de la hoy ex funcionaria estatal como un simple despido laboral resultó la peor salida, porque la abogada ya logró sumar a su causa a otras mujeres activistas que la respaldan y no dejan de lanzar acusaciones contra la administración de Lorena Cuéllar Cisneros.
El ex panista se negó a decir que el gobierno estatal había cesado a la funcionaria y se aferró a la tonta idea de argumentar que se trató de una renuncia.
Si hoy el escándalo sigue y se mantiene vigente es por su culpa y porque le ganó una vez más su actitud machista y misógina a la que suele recurrir con mucha frecuencia para justificar su ineficiencia y su falta de resultados.
Yeny Charrez y las activistas que la respaldan se equivocan cuando acusan al gobierno de Lorena Cuéllar de supuestamente ejercer violencia de género y de emprender acciones para lastimar a una mujer, toda vez que no es así y porque la misma mandataria ha dado muestras y señales claras de apertura y de estar abierta al diálogo.
La belicosa abogada fue removida el pasado lunes de su cargo como titular del Centro de Justicia para las Mujeres. Hecho que fue aprovechado muy bien por la activista para denunciar corrupción, ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y decirse víctima de violencia de género, sin embargo han pasado los días y es la fecha que no ha presentado las denuncias ni las pruebas que documenten sus señalamientos.
Por supuesto que su despido estuvo operado pésimamente por la ineficiente subprocuradora María Azucena Jiménez que fue rebasada e intimidada por la aún funcionaria que de inmediato recurrió a las redes sociales para hacer escándalo y victimizarse, pues obviamente sabía que el tiempo era fundamental y clave para ganar respaldo y lanzar dardos envenenados que le permitieran desacreditar la versión oficial de su baja en la nómina.
Se dice que la decisión de cambiar a la responsable del Centro de Justicia para las Mujeres está sustentado en varios argumentos como el hecho de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Conavim) –órgano superior de control- se habría quejado de Yeny Charrez por el mal trato que daba a las personas que acudían a esa instancia y por temas de gastos.
Es decir, la ahora ex funcionaria habría efectuado gastos personales que no estarían debidamente justificados.
Respecto a las acusaciones lanzadas a la procuradora de Justicia, Ernestina Carro Roldán, de que realiza mal uso de fondos federales, se sabe que eso no es posible porque éstos no se han empezado a ejercer.
Lo que buscaba la ex funcionaria estatal era disponer y controlar esos fondos, pero lo anterior no fue posible por las observaciones de la misma Conavim.
También se rumora que Charrez Carlos ofreció plazas a varias mujeres de Colectivos y luego ni el teléfono les contestaba para dar seguimiento a su supuestas propuestas laborales.
Por lo que toca a las empleadas del Centro de Justicia para las Mujeres éstas son las más aliviadas en que se haya ido su ex jefa pues el trato que recibían era malo.
El tema seguramente se mantendrá vigente y los señalamientos de ambas partes serán la constante, de ahí que habrá que esperar que se presenten las pruebas y los documentos que sustenten sus acusaciones para comprobar quién tiene la razón.
Por lo pronto, se seguirá desgastando la imagen del gobierno de Lorena Cuéllar por culpa de funcionarios como Sergio González que lejos de encontrar soluciones a los problemas decide complicarlos.
Le cuento que el director de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Rodrigo René Selley Ávila, si está cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia, lo cual lo hace desde hace más de dos años cuando se separó de su ex esposa y laboraba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En la actualidad sigue cumpliendo con esa obligación y así lo demuestran los recibos de nómina del Gobierno de Estado, sin embargo su ex pareja inició un nuevo procedimiento legal para exigir un aumento en la pensión y por esa razón trascendió el tema que inicialmente difundió información imprecisa porque se señaló que el funcionaria no cubría sus compromisos cuando sí lo hace.
Y de ese asunto si bien no estaba enterado el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, si conocía el tema el director administrativo de la dependencia, Alfonso Amador Báez.
Hasta aquí las precisiones y las aclaraciones.
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