Ante el desorden que impera en los eventos masivos que organizan los ayuntamientos tlaxcaltecas sin ningún control y escasas medidas de seguridad como recientemente se observó en la carrera de carcachas en Huamantla, se dice que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros está por dar muestras de que el recreo se acabó porque no es posible que las autoridades municipales sigan exponiendo la vida de las personas sin enfrentar consecuencias.
La desgracia ocurrida el sábado pasado en Huamantla durante la mencionada carrera no sólo evidenció la negligencia y omisión de las autoridades municipales encabezadas por Salvador Santos Cedillo, que por un lado invitó al evento y que por el otro intentó desligarse del mismo una vez que dejó un saldo de dos personas muertas, sino que también dejó claro que instancias como Protección Civil, la Policía Estatal y la Procuraduría General de Justicia en el Estado actuaron pésimamente.
Aunque parezca difícil de creer, tras la muerte de una mujer y un hombre que fueron embestidos por un automóvil que participaba en el evento y cuyo conductor perdió el control de la unidad para impactarse contra un muro donde se encontraban espectadores, no hay detenidos ni forma de realizar los peritajes porque la escena fue alterada.
Del conductor no se sabe nada, es decir, si tenía licencia y si estaba capacitado para participar en una carrera de ese tipo. Para nadie es desconocido que los elementos de la Policía Estatal bajo el mando del soberbio José Guadalupe Ballesteros Arellano junto con los paramédicos decidieron llevarse a un hospital el cuerpo de la mujer que ya no tenía vida, lo que alteró y permitió perder las pruebas que se pudieran recabarse en el lugar del accidente.
Y ante esas irregularidades, la PGJE a cargo de la ineficiente Ernestina Carro Roldán, procedió a iniciar su pésima labor en el hospital sin ordenar la detención de las personas que ordenaron el ilegal traslado del cadáver de la mujer, pues fueron los mismos paramédicos que habían llegado en el lugar de la tragedia los que confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.
El levantamiento del cuerpo no se realizó como lo marca la ley porque se hizo en el hospital y no en donde la mujer perdió la vida.
Los familiares de la otra víctima que se trata de un varón ya se estarían movilizando para exigir justicia y el probable resarcimiento por la negligencia y omisión con la que actuaron las autoridades municipales y estatales al dar su aval para que se organizara una carrera de carcachas, toda vez que permitieron el desarrollo del evento sin verificar a través de Protección Civil que había medidas de seguridad y que los asistentes no enfrentaban riesgos.
Se sabe que la gobernadora Lorena Cuéllar solicitó a la cuadrada procuradora una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidad y proceder legalmente contra quien se deba, con la intención de dar un escarmiento y dejar claro que a partir de ahora no se permitirán eventos masivos que no garanticen al cien por ciento la seguridad de las personas.
Si alguien debería preocuparse no sólo es el alcalde de Huamantla Salvador Santos, sino sus funcionarios que permitieron ese evento porque seguramente enfrentarán algún tipo de responsabilidad.
Lo mismo pasará con los elementos de la policía estatal y “el verdadero” jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ordenó la alteración de la escena del accidente.
Si la ineficiente y poco productiva procuradora Ernestina Carro hace bien su trabajo, seguramente fincará responsabilidades a todos los involucrados en esa tragedia y que tienen responsabilidad, empezando por su personal que fue omiso para actuar y proceder a detener desde el primer día a las personas que alteraron todo el procedimiento legal.
Y ya que hablamos del pésimo trabajo de la encargada de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, le cuento que esa funcionaría pronto podría enfrentar problemas legales si es que el ex agente de Investigación de la dependencia acusado de la muerte del detenido Juan Carlos N., presunto culpable de la desaparición y muerte de la huamantleca Ana Laura N. –no fue localizada en abril de este año-, decide involucrar a su exjefa en la tortura que aplicaron a ese hombre.
Resulta que el ex policía de la PGJE ya fue abandonado a su suerte y el juez que lleva el caso no está dudando en cargarle toda la responsabilidad de la muerte de ese detenido, de ahí que sus familiares lo han convencido para que declare toda la verdad.
Hasta ahora el único culpable de la muerte de Juan Carlos N. es el ex elemento de la Policía de Investigación, pero trascendió que el responsable de ordenar la tortura al detenido fue el hoy ex director de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Víctor Enrique Montiel Ramos y que la procuradora Ernestina Carro estaría en el lugar donde se golpeaba al acusado de la desaparición de Ana Laura N.
Si ese agente declara y confirma que él actuó por órdenes de Víctor Enrique Montiel y Ernestina Carro, el proceso penal tendrá un giro importante y se verá si el juez ordena al Ministerio Público investigar la participación o no del ex director y la procuradora.
Si hay una funcionaria que realmente ha fallado a la gobernadora y que su trabajo es lamentable e impresentable, es el de la procuradora Ernestina Carro.
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