El proceso de fiscalización en Tlaxcala poco a poco viene documentado la operación de una red de corrupción en la que están involucradas autoridades estatales y municipales en funciones y en retiro, tesoreros y ex tesoreros, así como dueños de empresas que están lejos de brindar un servicio real y que sólo operan como factureras, con las cuales se calcula que se desvían en la entidad hasta 300 millones de pesos al año.
Se dice que en las revisiones contables de los entes fiscalizables tlaxcaltecas correspondientes al ejercicio fiscal del 2021, el Órgano de Fiscalización Superior habría documentado una serie de maniobras ilegales e irregulares que por una lado implican un probable daño patrimonial a los ayuntamientos y dependencias estatales y por el otro la probable defraudación fiscal al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, “Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
“Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo (Artículo 69-B), contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código”.
“En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código”.
Hay varios ex presidentes municipales y otros en funciones que incurrieron en los supuestos que establece el Código Fiscal de la Federación, de ahí que pronto podrían ser llamados a cuentas por recurrir a empresas factureras con domicilios fiscales en Veracruz, las cuales están más que ubicadas y sobre todo documentadas sus operaciones simuladas.
El presidente municipal de Contla, Eddy Roldán Xolocotzi, se equivoca al señalar que el OFS no tiene facultades legales para analizar asuntos de naturaleza fiscal, porque debería leer mejor la ley antes de lanzar acusaciones equivocadas que pareciera que buscan justificar la reprobación de su cuenta pública correspondiente a septiembre-diciembre del 2021.
Esas empresas fantasmas depredan las finanzas públicas a través de esquemas simples y de fácil articulación, ya que los alcaldes y tesoreros municipales las utilizan para evadir impuestos y obtener dinero fácil del erario de los ayuntamientos.
En los últimos 10 años, en los estados y municipios la corrupción a través de las factureras ha sido monumental y criminal. Tlaxcala no es ajena a esa conducta ilegal. La mafia que opera ese millonario negocio ilegal está identificada y se sabe que están involucrados presidentes municipales en funciones, tesoreros, empresarios y prestanombres.
Trascendió que un centro de operación de esa mafia se concentraría en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, donde los niveles de osadía y cinismo son descomunales. Para nadie es un secreto la complejidad para rastrear a los verdaderos dueños de las factureras e imputarles responsabilidades, pues tan sólo el SAT tiene listadas 11 mil empresas dedicadas a esa ilegal labor, por lo que ahora las autoridades han centrado la persecución en contra de quienes compran los comprobantes y no sería extraño que en Tlaxcala varios alcaldes enfrenten la ley por esa situación.
No descarte que la Unidad de Inteligencia Financiera haya sido notificada de la existencia de la mencionada red que opera en Tlaxcala y que ya mantenga abierta una investigación que termine en procesos penales para los involucrados.
En los informes que entregó el OFS a los diputados locales sobre las cuentas públicas de los entes fiscalizables de Tlaxcala se menciona que existen varios casos documentados de factureras, razón por la cual no serán aprobados uno que otro estado financiero.
Las factureras son la vía predilecta para la corrupción gubernamental. Robar dinero del erario es relativamente fácil. Lo difícil es encontrar un estado o municipio que no esté enredado con empresas fachada.
Ojalá en Tlaxcala se den los primeros pasos para frenar el saqueo que llevan a cabo los presidentes municipales a través de factureras, pues urge que alguien ponga fin a ese millonario negocio que opera impunemente.
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