Aunque en los últimos días se han manejado diferentes cifras de probables daños patrimoniales cometidos en los últimos ocho meses que el entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y sus funcionarios manejaron y dispusieron, la realidad es que la cantidad observada por diferentes irregularidades e inconsistencias asciende a más de mil 400 millones de pesos.
De enero a agosto del 2021, las dependencias acumularon observaciones por más de 534 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de tiempo los organismos públicos descentralizados sumaron inconsistencias financieras por más de 880 millones de pesos.
Cuando uno revisa con más calma el informe de la cuenta pública que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregó de las dependencias estatales y el de los organismos públicos descentralizados, encontrará que los ex funcionarios priistas que laboraron en la pasada administración se han equivocado al asegurar que no enfrentarán probables consecuencias legales por sus “errores” al devengar los recursos estatales, ya que seguramente varios serán llamados a aclarar ciertos gastos.
Según la documentación oficial, se estima que la cifra del probable daño patrimonial observado en los últimos ocho meses del gobierno de Marco Mena asciende a más de 112 millones de pesos, mientras que el monto de acumulado en las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria supera los mil 300 millones de pesos.
Si bien las primeras cifras que se manejaron hablaban de un monto observado a los últimos meses del gobierno menista por 113 millones de pesos, esa cifra nunca representó la totalidad de los fondos públicos revisados ni tampoco se apega a lo que está debidamente documentado en los informes del OFS.
Corresponderá a los actuales diputados y diputadas desmenuzar la información y realizar un trabajo fino para determinar cuántos procedimientos de fiscalización del OFS están agotados y cuántos están en proceso solventación, porque dependiendo de esos datos los legisladores podrá dar la instrucción para iniciar los procesos penales encaminados a sancionar a los responsables de esos daños patrimoniales y estar en posibilidades de recuperar esos recursos públicos.
Como sucede cada año, el Órgano de Fiscalización Superior se encarga de entregar un informe detallado y completo que aporta los elementos para determinar las acciones a seguir contra aquellos probables servidores o ex servidores públicos que gastaron indebidamente el erario y que recurrieron a empresas factureras para malversar recursos.
No lo cuente en voz alta, pero dicen que una vez aprobadas o reprobadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2021, varios ex funcionarios menistas serán llamados ante la justicia por estar más que documentadas sus anomalías, lo que seguramente terminará con la idea de que la actual administración estatal está protegiendo a ex servidores públicos y sobre todo solapando la corrupción.
Se dice que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros no iniciará una persecución o utilizará la información disponible para llevar a cabo una venganza, pero eso tampoco quiere decir que no aplicará la ley, de ahí que seguramente habrá ex funcionarios menistas inhabilitados y otros más que enfrentarán un proceso penal al no poder justificar y comprobar el destino de cientos de miles de pesos del presupuesto del estado.
Así las cosas en materia de fiscalización en Tlaxcala.
Un gobierno represor y policiaco
La decisión del collón secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, de mostrar la fuerza del Estado durante la inauguración y el desarrollo de la feria de Chiautempan que implicó una exagerada e inusual movilización policíaca generó más comentarios negativos que positivos para la actual administración lorenista.
A través de las redes sociales empezaron a circular mensajes en los que se censuró ese exagerado operativo para resguardar una feria municipal y que no se hace lo mismo para evitar que delincuentes de otros estados vengan a la entidad a tirar cuerpos o para brindar seguridad a mujeres tlaxcaltecas que siguen siendo víctima de la violencia.
Mientras los policías estatales a bordo de patrullas estaban perdiendo el tiempo y mostrando la fuerza del Estado en las inmediaciones del recinto ferial de Chiautempan, una mujer en el municipio de Teolocholco era brutalmente asesinada la noche del sábado o la madrugada del domingo. Es ridículo que las autoridades se preocupen más por un evento intrascendente y no por brindar seguridad a los tlaxcaltecas, se leía en varios comentarios compartidos en diferentes redes sociales.
La ridícula postura de Sergio González de que no se dejarían intimidar y presionar prevaleció el fin de semana, pero el costo para la imagen del gobierno lorenista será muy alto porque cada vez cobra más fuerza entre el imaginario colectivo que la actual administración es represora y policiaca.
El secretario de Gobierno piensa que ya ganó y que la inconformidad de los habitantes de San Pedro Tlalcuapan por la detención de dos personas acusadas de homicidio calificado tras el linchamiento de un presunto ladrón cometido el pasado 15 de abril ya desapareció se equivoca, porque tardeo temprano se registrará un hecho que evidenciará el gran malestar que existe entre los vecinos de esa comunidad de Chiautempan.
Y si no es verdad, entonces por qué la Procuraduría General de Justicia en el Estado no ejecuta las órdenes de aprehensión que están pendientes sobre el mismo caso.
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