Es curioso que mientras en Tlaxcala existe un costoso sistema estatal anticorrupción que está de adorno porque sencillamente no arroja ni tampoco aporta ningún resultado para prevenir o castigar las malas conductas de los funcionarios que hacen negocios con los recursos públicos, lo cierto es que en la entidad opera una poderosa red que se dedica a proteger y evitar que los involucrados en esas conductas ilegales vayan a la cárcel o que los ayuntamientos paguen esas transas.
Al final los procesos administrativos para detectar supuestas irregularidades o posibles daños patrimoniales resultan intrascendentes, porque contablemente se podrá demostrar que hubo anomalías y malos manejos, pero a la hora que esos casos se llevan a la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción de la PGJE o que los expedientes tienen la fortuna de avanzar para llegar al escritorio de un juez, éstos se paralizan y ya no siguen su curso legal porque se presume que los encargados de darles trámite recibe algún abultado estímulo para hacer que las cosas se detengan.
Hay casos documentados y en los que existen evidencias que demuestran las transas de algunos ex presidentes municipales como Antonio Mendoza Romero que mal gobernó Chiautempan. Ese político del PT enfrenta procesos administrativos de la Auditoría Superior de la Federación y demandas de empresarios que resultaron estafados, sin embargo sigue libre y sin enfrentar la ley porque esa poderosa red de la que le hable hace su sucio trabajo y evita que esa calaña responda por sus acciones.
Los empresarios constructores y proveedores incluso han logrado que un juez determine embargar cuentas del ayuntamiento de Chiautempan, lo cual resulta una pérdida de tiempo porque en esas no existe dinero o los fondos disponibles no alcanzan a cubrir los montos de la deuda o del desfalco provocado a las empresas.
Se habla de cientos de miles de pesos o en algunos casos de millones de pesos lo que sencillamente no se pueden recuperar pese a que los litigios se han mantenido por años.
Y lo que resulta indignante y preocupante, es que esos políticos que habrían malversado y desviados recursos públicos, son premiados por el gobierno de la Cuarta Transformación que administra hoy al estado de Tlaxcala, pues lejos de apoyar el combate a la corrupción ha optado por premiar esas conductas como es el caso de Antonio Mendoza que de cobrar como maestro ahora ya es director de una escuela en el municipio de Yauhquemehcan.
Hay ex alcaldes con denuncias como Miguel Muñoz Reyes que gobernó Contla y que no se cansa de presumir su reciente automóvil de lujo, Héctor Domínguez Rugerio que habría saqueado las finanzas de Chiautempan que ahora hace alharaca de su nuevo nivel económico que lo ubicaría como dueño de una estación de gasolina y de otros negocios más.
Otro sería el ex presidente municipal de Totolac, Giovanni Pérez Briones, quien anda a salto de mata para no dar la cara por las múltiples irregularidades en las que incurrió o el desprestigiado ex edil de San Pablo Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez, quien prácticamente depredó las finanzas de ese ayuntamiento y hoy no sabe qué recurso legal tramitar para no responder por sus transas.
Estos y otros ex presidentes municipales enfrentan denuncias y procesos administrativos, pero como se lo mencioné hace un momento existe una poderosa red que los protege y encubre, la cual podría darse a conocer con los nombres de todos los involucrados para que sean expuestos y los ciudadanos y las ciudadanas conozcan porque el combate a la corrupción es una simulación en Tlaxcala.
Esa lista incluirá a los agentes del ministerio público, a los jueces y a la red de funcionarios que opera en las tesorerías municipales para retirar el dinero de las cuentas bancarias de los ayuntamientos o para dar información errónea, es decir, que los afectados embarguen cuentas sin fondos así evitar que las actuales administraciones paguen las deudas heredadas.
En los siguientes días se conocerán los desfalcos y presuntos daños patrimoniales que cometieron ex funcionarios y los actuales servidores públicos, pues se llevará a cabo el proceso de aprobación y reprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables correspondiente al 2021.
Los datos que se han empezado a manejar resultan ridículos y es evidente que sólo incluyen cifras ridículas de las supuestas anomalías detectadas.
Usted cree que los actuales presidentes municipales de Tlaxcala (59 de 60 porque Mazatecochco no entregó su cuenta pública) sólo tengan problemas por 80 millones de pesos acumulados de septiembre a diciembre del año pasado, cuando hay claras muestras de los excesos y abusos que cometieron al iniciar sus administraciones.
Las revisiones dirán una cosa, pero la realidad y la percepción sobre la corrupción que impera en las actuales administraciones municipales es otra, de ahí que en los tiempos de la Cuarta Transformación nada cambiará en torno a la fiscalización porque seguirá la misma tendencia de encubrir, solapar y tolerar los malos manejos financieros tal y como en su momento se hizo en los tiempos del PRI, del PAN y del PRD.
Esa es nuestra triste realidad.
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