Trascendió que los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial y los integrantes del Consejo de la Judicatura optaron por llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes en lo que se refiere a los gastos médicos, porque a ninguno de los involucrados le conviene que se conozcan los excesos en que han incurrido y que ha provocado un elevado desembolso de recursos públicos en ese rubro.
Tras el paro de labores que llevaron a cabo ayer lunes los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, la magistrada presidenta Mary Cruz Cortés Ornelas decidió afrontar el tema y establecer las negociaciones con los representantes del Sindicato 7 de Mayo para impedir que la protesta creciera más de lo previsto.
Para nadie ha pasado desapercibido que la pandemia de Covid-19 fue utilizada por el personal sindicalizado para gestionar recursos, para lo cual varios trabajadores presentaron recibos de honorarios, medicinas y gastos de hospitalización de familiares que al parecer no tenían derecho a ese servicio. Obviamente los conceptos y montos estaban inflados y en algunos casos hubo falsificación de documentos que les permitió acceder de manera irregular a fondos públicos.
Aunque la anterior conducta no fue replicada por todos los sindicalizados, porque hay quienes sí usan adecuadamente los gastos médicos, hay otros que abusan de esa prestación para obtener un “sobresueldo”.
En las negociaciones establecidas para atender la crisis de los gastos médicos, los sindicalistas expusieron que ante los casos de abuso no se opondrán a las acciones legales que haya lugar contra sus agremiados, pero también plantearon que la supervisión y vigilancia incluya a los magistrados y personal directivo de Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
Mencionaron que los propios magistrados son los que han abusado de esa partida de gastos médicos, que incluso han simulado padecimientos para pagar operaciones estéticas, como las que se habría realizado la ex magistrada Elsa Cordero Martínez, o el caso de que hay varios magistrados y jueces que tienen dados de alta a sus esposas, amantes y los hijos de éstas.
Comparativamente, el gasto de éstos consentidos funcionarios es mucho más alto al que realizan los sindicalizados y por esa razón se deben también poner límites.
Las partes acordaron los pasos a seguir para evitar abusos y excesos, de ahí que habrá que comprobar si realmente se cumplen los compromisos.
Trascendió que muchos ex presidentes municipales andan nerviosos y a salto de mata porque el rumor de que pronto podrían ser detenidos para responder por los faltantes en sus administraciones es cada vez más fuerte.
En los corrillos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en los juzgados penales se empezó a manejar que en los próximos días habrá varios ex alcaldes enfrentando la ley por sus excesos y sus pésimas cuentas entregadas.
Entre los ex ediles que se mencionaron y que pronto podrían ser ubicados por tener una orden de aprehensión se encuentra el trácala Mauro León Garfias que mal gobernó Hueyotlipan, así como el panista Miguel García Juárez que entregó malas cuentas en Españita.
También se habla del voraz y decadente galán Eloy Reyes Juárez que saqueó junto con su familia el ayuntamiento de Apetatitlán. El perredista Eymard Grande Rodríguez que quebró las finanzas del municipio de Panotla y el atascado, insaciable y tonto Arturo Rivera Mora que dejó en ruinas a la comuna de Tzompantepec.
Pronto veremos si los rumores son ciertos o si sólo se trató de una especulación.
Trascendió que las fechas para llevar a cabo la renovación de la dirigencia estatal de Morena ya fueron aprobadas. El 30 de julio se llevarán a cabo los Consejos Distritales donde serán electos los integrantes de la nueva estructura partidista que asistirá con representación al Consejo Estatal previsto para el 6 de agosto.
Ese día se designará al presidente y a los siete titulares de igual número de secretarías del Comité Ejecutivo Estatal.
Se dice que el lorenista Steve del Razo formará parte del Comité Ejecutivo Estatal, pero que no buscará la dirigencia de Morena en Tlaxcala, posición que podría recaer en el actual encargado de esa posición Víctor García Lozano.
Habrá que ver qué movimientos se producen en los próximos días para saber si un grupo morenista ajeno a los intereses de la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros decide disputarle el control del partido.
Por lo pronto no hay duda de que los lorenistas se alistan para controlar a Morena y la designación de la mayoría de las candidaturas rumbo a los comicios del 2024.
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