La coincidencia de la gran mayoría de los abogados y los miembros del Poder Judicial de Tlaxcala, es que Ernestina Carro Roldán, es una mujer decente, pero también concurren en que es una abogada con nulas capacidades para organizar, administrar, mandar y ser sensible con víctimas.
Se le reprocha y no hay forma de controvertirlo, que llegó a la PGJE sin conocimiento del tema de la procuración de justicia, eso sin mencionar que asumió el cargo acotada al mando interior.
Es un hecho notorio que Ernestina Carro no puede opinar en las decisiones administrativas que se asumen -algunas ocasiones, haciendo vil negocio- sin tomarla en cuenta, como lo es la compra de papelería, arrendamientos de bienes que pertenecen al ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz que en campaña era señalado por lo morenistas de corrupto, el uso de vehículos, disposición de gasolina, menos aún en el manejo de recursos federales. Su inexperiencia está provocando un rápido y franco deterioro de una institución muy reclamada por la sociedad.
Los números son muy necios y evidencian la disparidad entre el registro de las noticias criminales (https://pgjtlaxcala.gob.mx/ventiuno) que recibe con las carpetas judicializadas o terminadas por cualquiera de los Medios Alternativos de Solución de los Conflictos (MASC) y Salidas Alternas del Procedimiento Penal (SAPP).
La decisión del mal registro ocasiona que no se destine mayores recursos, ya que en el año 2021 registraron 4,527 carpetas de investigación, cuando en realidad los expedientes ministeriales son más de 30,000 en todo el estado de Tlaxcala. Esa diferencia es para maquillar la incidencia delictiva, pues solo dan de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las que anotan como CARPETAS DE INVESTIGACIÓN (C.I.), y las demás las registran como ACTAS DE INVESTIGACIÓN (A.I.), pero la realidad es que más de 24,000 delitos denunciados se quedan sin ser resueltos, generando impunidad e insatisfacción social.
Esa es la razón que nos ubica como uno de los estados más seguros del país, porque si se dieran de alta todos los expedientes iniciados por un delito cometido en Tlaxcala, la realidad sería otra y créame que no habría nada para presumir.
Pero, aun así, teniendo las 4,527 carpetas de investigación, en el año 2021, solo judicializaron 1,400, de las cuales la mayoría no se vincularon a proceso, se otorgaron amparos por la mala conformación de imputación o acusación y, dejando a un lado los procedimientos abreviados, un porcentaje menor al 10 por ciento han obtenido sentencia condenatoria.
Al interior de la PGJE, hasta hace poco, el área encargada de los medios alternos de solución de conflictos ha dado bajos resultados con alto costo. Desde su creación hasta recientes fechas, ha estado en manos de abogados que no aportaron nada, sin interés, sin saber que estos mecanismos son la esperanza para despresurizar el llamado nuevo sistema penal. Ojalá este último cambio sí le resulte.
Nadie discute que se ha disparado la corrupción en este periodo gubernamental, a pesar de ser, según su dicho, el “baluarte” de la administración. Primero, porque la burocratización de las decisiones ordenada por la sub procuradora María Azucena Jiménez Pacheco, como es la devolución de vehículos, la no celebración de acuerdos reparatorios, los acuerdos de no ejercicio de la acción penal, que todos los casos de delitos con detenidos, aún sean de baja penalidad, sean judicializados, entre otros aspectos más.
Se generan tantos obstáculos en la PGJE que la única salida posible no es más que la corrupción de la que ahora casi todos son parte. Su poca experiencia profesional y vivencial hace que se cometa error tras error y solo por ser la empleada de más confianza de Ernestina Carro, se mantiene en su puesto. La subprocuradora nada ha aportado, además de proponer a su hermana a la terna de magistrado recientemente electo.
Como segundo elemento alentador de la corrupción, es que los Agentes del Ministerio Público despedidos, litiguen abiertamente, incluso en los casos que ellos mismos conocieron y aprovechando las debilidades provocadas por ellos mismos, siendo un campo tan extenso y extrañamente invisible para los actuales funcionarios de la procuraduría, que no detectan la fuga de información sensible y no pueden detectar, corregir y castigar esas faltas.
La ex titular del departamento de investigación Noemí Nophal González, que actualmente se desempeña en el Órgano de Fiscalización Superior, asesora abiertamente a través de esos ex ministerio públicos, a quienes están en problemas ante la Fiscalía Anticorrupción, a ciencia y paciencia del caballero encargado de esa área Domingo Tamalatzi Rodríguez.
Las demás titulares de unidad y de departamento, se han convertido en simples acompañantes y aduladoras de la titular de la procuraduría que no ha conseguido ningún logro. Los programas de capacitación son refritos tomados de administraciones pasadas y la gestión de recursos federales es nula.
De la Policía de Investigación, que no tiene tino en su mando, con el nefasto suceso de que el propio titular participó en la tortura y muerte de una persona sujeta a investigación del delito de desaparición de personas, se agudiza su declive.
Los de más experiencia, simulan obediencia y colaboración, cuando a las espaldas de sus bisoños titulares, cobran cuota a huachicoleros, tratantes de personas, ladrones de autos y vendedores de droga y mercancía robada. También hay que sumarle que más del 20 por ciento de la plantilla está destinada a ser escoltas de exfuncionarios y actuales servidores públicos. A los que trabajan, no les dan gasolina y en general, recursos para realizar su labor.
Para el seguimiento e investigación de los delitos de alto impacto no se tiene licencia para la operación del programa para la intervención de comunicaciones electrónicas, digitales y de otras plataformas. Con ello, toda investigación se encuentra en la ilegalidad.
Los actuales movimientos de los Agentes del Ministerio Público han sido un desastre, en las mesas de secuestro sacaron al personal más calificado y asignaron a personas sin experiencia en el ramo. Esos cambios están generando un retraso inusitado en las audiencias que se difieren por dichos movimientos.
La procuradora se ha encerrado en su propia burbuja de “persona buena” sin asumir en realidad el mando, se ha rodeado solo de amigos sin mérito y sin resultado alguno. No pueden presumir ningún logro, las detenciones reportadas han sido resultado de otros factores, menos de la investigación científica.
Se tiene a la deriva la tarea de procuración de justicia. La titular de la PGJE y su séquito de acompañantes han matado cualquier esperanza de un cambio real en esa dependencia.
Ernestina Carro, seguramente, no tendrá el mismo impulso que su primo carnal José Aarón Pérez Carro.
La realidad es dura, pero es lo que hay en una dependencia que va a la deriva.
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