Los ex presidentes municipales que dejaron saqueados los ayuntamientos que gobernaron por cuatro años y ocho meses realmente se deben preocupar, porque aunque los procedimientos para llamarlos a rendir cuentas van lentos, es un hecho que tendrán que acudir ante un juez para tratar de justificar los millonarios desvíos que se han detectado.
Tuvieron que pasar casi 20 años para que en Tlaxcala se volviera a aplicar la ley. Fueron los legisladores que conformaron la legislatura intermedia de la administración del entonces gobernador perredista Alfonso Sánchez Anaya lo que decidieron imponer una sanción ejemplar a un alcalde por incurrir en malversación de recursos públicos.
Ayer se supo que el ex alcalde de Panotla, el perredista Eymard N. y su entonces tesorero municipal, Pedro Efrén N., fueron vinculados a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado. Esas acusaciones corresponden a anomalías e irregularidades detectadas en el ejercicio del 2018.
Eymard N. enfrenta la tercera vinculación a proceso que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha logrado en los últimos meses, por lo que si el perredista es encontrado culpable podría ser el primer ex presidente municipal que sea encarcelado y al que se le obligue en llevar a cabo un proceso resarcitorio a las finanzas del ayuntamiento que gobernó.
El perredista sufrió en noviembre del año pasado un ataque por parte de un comando armado que lo agredió a él y a su familia. Los hechos ocurrieron en el domicilio de sus padres y los maleantes terminaron asesinando al progenitor del político Zenaido Grande García cuando éste intentó defender a su hijo.
El hecho nunca se ha aclarado y tampoco se sabe si el comando logró llevarse dinero como se ha especulado.
Hasta ahora de las cuatro fiscalías que operan en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sólo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la que está generando resultados positivos, porque se espera que en breve otros ex presidentes municipales sigan los pasos de Eymard N., como los también militantes del sol azteca y que gobernaron Totolac y Apetatitlán, Giovanni Pérez Briones y Eloy Reyes Juárez, respectivamente.
También se menciona que en breve podría ser llamado el ex edil de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, así como Arturo Rivera Mora que mal gobernó Tzompantepec. Por parte del PRI se rumora que la lista la encabeza Mildred Rubí Vergara Zavala, quien manejó el ayuntamiento capitalino los últimos nueve meses de la pasada administración y a quien se le acusa de haber dejado pasivos y malversar fondos por más de 100 millones de pesos.
A la lista agregue al también priista de ocasión Héctor Domínguez Rugerio que dejó quebradas las finanzas del ayuntamiento de Chiautempan y al lenguaraz ex alcalde de Contla y perredista Miguel Muñoz Reyes.
La PGJE sin rumbo
Ya pasó más de un mes de la desaparición de la joven de Huamantla Ana Laura N. y la Procuraduría General de Justicia en el Estado a cargo de Ernestina Carro Roldán sigue sin dar resultados, situación que resulta preocupante porque el caso se encuentra empantanado.
Después de que el principal sospechoso de esa desaparición fuera detenido y después asesinado mientras era interrogado por agentes de la Policía de Investigación de la PGJE, la información sobre ese asunto es escasa y los rumores de que se está protegiendo al personal de la dependencia son cada vez más constantes.
En la PGJE no están bien las cosas, pues se habla que el caso del ex diputado Omar Milton López Avendaño, quien fuera asesinado el pasado 24 de diciembre se está complicando y que el presunto culpable de nombre Edson N. podría ser liberado porque hasta ahora el ministerio público no ha podido demostrar su culpabilidad.
El desahogo del caso sigue y los abogados defensores del presunto culpable se muestran más que confiados en obtener buenos resultados para su causa.
Por cierto, el próximo sábado se cumplirá un mes del linchamiento de un presunto ladrón en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, perteneciente a Chiautempan. Han pasado los días y no hay detenidos por ese vulgar acto de barbarie.
La PGJE se olvidó del tema y es obvio que ese ilícito no será castigado, situación que deja muy mal parada a la procuradora Ernestina Carro que a su expediente podrá sumar la omisión y la negligencia, más la tortura y la complicidad.
Habrá alguien que pueda creer en una procuradora con tan mala reputación.
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