Aunque pareciera un asunto menor y sin importancia, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, debería de tener mucho cuidado sobre las decisiones que propone y avala el Consejo de la Judicatura, como el hecho de suspender desde el próximo miércoles 13 de abril las actividades del Poder Judicial con el pretexto de las festividades religiosas de la Semana Santa.
Bajo el pretexto de tener un convenio laboral con el sindicato de burócratas del “7 de Mayo”, el Consejo de la Judicatura determinó declarar como días no laborables para los servidores públicos del Poder Judicial de Tlaxcala el 13 de abril por considerarse Miércoles Santo, el 14 de abril por ser Jueves Santo y el 15 de abril por tratarse de Viernes Santos.
Cuentan que tal propuesta le encantó al hoy todopoderoso consejero de la Judicatura y representante del poder Ejecutivo, Rey David González González, quien no tuvo ningún problema u objeción para rechazar ese invento de días santos para no trabajar, cuando el Tribunal Superior de Justicia en el Estado enfrenta un rezago importante, el cual se agravó por la inactividad que provocó la pandemia de Covid-19.
Rey David González, quien fungió en la legislatura pasada como secretario técnico del ex diputado morenistas que terminó regresando al PRI, Rafael Ortega Blancas, hoy no para de presumir que es el miembro más influyente del Consejo de la Judicatura del Estado, de ahí que no tuvo ningún empacho en suspender las actividades en los juzgados y demás áreas del Poder Judicial de Tlaxcala cuando legalmente no existe justificación.
La decisión de la suspensión de actividades en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado cayó muy mal a los abogados litigantes que no descartan la posibilidad de llevar a cabo una serie de protestas para exhibir las decisiones ilegales y absurdas que se toman en el Consejo de la Judicatura del Estado, órgano que en teoría está encargado de supervisar y vigilar el correcto trabajo y desempeño del personal del Poder Judicial de Tlaxcala.
Por cierto, déjeme contarle que de no existir alguna complicación, será la actual magistrada interina Marisol Barba Pérez la que termine siendo ratificada como la nueva magistrada definitiva del TSJE, misma que ocupará la vacante que dejó la abogada Rebeca Xicohténcatl Corona.
Las otras dos integrantes de la terna que envió el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado para su análisis la integran dos juristas más que como Maribel Montiel Landeros y Sandra Jiménez Pacheco, a quienes nadie les reconoce méritos, pues al parecer se trata de dos auténticas desconocidas.
La Juez Marisol Barba en funciones de magistrada interina puede presumir que no tiene a ningún familiar, recomendado o amigo cercano trabajando en el Poder Judicial de Tlaxcala. Su trabajo se ajusta a la ley y no se le vincula a actos de corrupción.
Sólo habría que comparar su comportamiento y actuar con las dos últimas magistradas que obtuvieron su cargo, mismas que ya comenzaron a pedir puestos para sus allegados y a ejercer una sutil pero clara presión para que ciertos asuntos se resuelvan en un determinado sentido.
Por cierto, una buena decisión que acordó la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes y que pasó desapercibida tiene que ver un asunto que tarde o temprano dará mucho de qué hablar, pues está relacionado con el castigo que hoy en día se pretende dar a ex autoridades municipales que abusaron del poder e incurrieron presuntamente en malos manejos financieros.
Esa instancia dejó insubsistente la vinculación a proceso emitida por el juez Noveno de Control y Oralidad del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por la cual se pretendía ejercer acción penal contra Eymard N., y Pedro Efrén N. por el delito de peculado cometido en agravio del ayuntamiento de Panotla y por un monto considerado como ridículo.
El asunto radica en que el juez pretendía llevar el juicio penal contra los ex funcionarios municipales por un daño patrimonial de 54 mil pesos, siendo que de la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que la distracción de fondos públicos asciende a más de 10 millones de pesos.
Al parecer el combate y el castigo a la corrupción van en serio y no dude que el ex alcalde de Panotla encabece una larga lista de ex presidentes municipales que serán llamados a rendir cuentas ante la justicia.
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