La cadena de errores que sigue cometiendo el gobierno del estado en torno a la adjudicación directa que hizo para contratar a la empresa Autotransportes para Turismo y Pasaje Alejandra S. de R.L, de C.V. que se encarga de trasladar a los maestros a diferentes escuelas ubicados en municipios alejados, podría terminar con el despido de uno o varios funcionarios estatales que podrían estar implicados en una presunta irregularidad.
La mencionada empresa en la que aparece como socio Rubén Domínguez Medel, encargado de la Dirección de Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte firmó un contrato por la prestación de ese servicio que se otorga a través de 35 autobuses por un monto de más de 15 millones, el cual habría sido avalado por el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández.
Hace varias semanas en este espacio se alertó de esa inconsistencia, pero el hecho fue ignorado y minimizado, pero como la semana pasada un autobús se vio involucrado en un accidente que dejó varios lesionados y un maestro fallecido, salió a relucir el contrato y la supuesta inconsistencia legal que hasta ahora la nueva administración estatal ha sido incapaz de aclarar y defender, lo que hace pensar que alguien quizá ocultó información delicada a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Me queda claro que hay varios funcionarios estatales que sabían de ese contrato y que nunca se detuvieron para preguntar si era legal o si éste infringía alguna norma jurídica. A lo mejor fue tanta la prisa o el deseo de borrar toda huella de los antiguos proveedores priistas que no pensaron en las consecuencias y hoy su actitud tendría metido al gobierno de Cuéllar Cisneros en un nuevo escándalo que ya está afectando su imagen.
Veremos en que termina ese nuevo alboroto y cuáles son las respuestas que otorgan las autoridades estatales a tantas preguntas sobre ciertas inconsistencias que se observan en este caso y contrato y que hacen pensar que hubo irregularidades y un conflicto de intereses que se pasó por alto.
Por otra parte, déjeme contarle que desde el viernes por fin Juan Manuel Lemus Pérez aceptó un cargo en el gobierno de Lorena Cuéllar, pues según cuentan los empleados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) ya decidió ser el nuevo director luego que esa posición quedará vacante tras la salida del longevo Ignacio López Sánchez que despacha como titular de la Secretaría del Trabajo.
Lemus Pérez siempre soñó con ser el Secretario de Planeación y Finanzas, después con llegar a la Secretaría de la Función Pública, sin embargo algo tiene ese ex orticista que la mandataria tlaxcalteca no le ve el perfil para ocupar una posición de primer nivel, de ahí que sólo faltaría confirmar su llegada al Icatlax, con lo cual su aspiración de convertirse en el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior seguramente también se verá frustrada.
Y ya que andamos hablando de sueños frustrados y escándalos, le cuento que la soberbia y arrogancia de Omar Maldonado Tetlamatzi, quien se desempeña como Director Administrativo de la Secretaría de Cultura podría generar una serie de protestas y acusaciones, no sólo porque carece del perfil para el cargo, sino por sus actitudes de galán que rayan en un presunto acoso para varias trabajadoras de esa dependencia.
El personal femenino no se siente cómoda laborando con ese “alto” funcionario con estudios de preparatoria que ahora presume ser el gran experto en el manejo financiero y contable de la Secretaría de Cultura.
Hay la sospecha de que el trabajo contable y administrativo no cumple con los estándares de calidad y lineamientos de austeridad. Omar Maldonado carece de carrera profesional y hasta donde se sabe sólo acreditó la educación media superior, de ahí que nadie entiende su soberbia y su actitud de divo y galán.
Presume ser una persona muy cercana al poder y por eso asegura que le consiguió a su pareja sentimental, Abigail Ortega, una plaza de Jefa de Oficina que le permite percibir un sueldo de 20 mil pesos mensuales, posición que tampoco debería ocupar porque sólo acreditó estudios técnicos profesionales de preparatoria, lo que obviamente no la acredita para llevar la contabilidad de esa dependencia que maneja al año más de 50 millones de pesos.
Al parecer los escándalos en el gobierno del estado no pararán.
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