El problema de la seguridad no debe politizarse ni verse como un asunto aislado, porque si prevalecen esas dos visiones los delincuentes seguirán ganando terreno tal y como lo han hecho en los últimos años, debido en gran medida porque se carece de una verdadera coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir ese fenómeno creciente.

 

 

Hace unos días la novata dirigente del PAN, Miriam Martínez Sánchez, pretendió lanzar críticas al gobierno del estado por no designar al responsable permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de paso aprovechó la ocasión para quejarse de la incidencia delictiva que se registra en la entidad, pero sin mencionar que su partido gobierna desde hace 14 años un municipio que está hundido en la inseguridad.

 

Ese municipio es Apizaco, el cual es considerado el segundo con mayor concentración de delitos, pues casi tiene 8 veces más ilícitos del promedio municipal que es de 69 delitos mensuales.

 

El PAN ha gobernado Apizaco desde el 2007 a la fecha y por ese ayuntamiento han pasado los alcaldes Alex Ortiz Zamora, el orticista Orlando Santacruz Carreño, el marianista Jorge Luis Vázquez Rodríguez, Julio César Hernández Mejía y actualmente detenta el poder Pablo Badillo Sánchez.

 

De alguna forma todos han contribuido a que Apizaco ocupe el primer lugar en delitos como la extorsión, feminicidio, narcomenudeo, violencia familiar y otros delitos relacionados según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 20 de diciembre de 2021.

 

Apizaco también destaca al ocupar el segundo lugar a nivel estatal en lo que se refiere al delito de robo. En esa ciudad los ladrones se llevan 15 vehículos al mes y del total de esos atracos, casi la mitad se cometió con violencia.

 

Si la inexperta Miriam Martínez fuera más cerebral, tal vez hubiera sido más prudente al criticar el problema de la inseguridad en el estado, pues las cifras revelan que su partido y las autoridades emanadas de él en el municipio de Apizaco sencillamente no han podido con ese fenómeno y lejos de contenerlo han sido un factor para que los delincuentes operen impunemente en ese municipio.

 

El rezago legal y la falta de una estrategia para atender la problemática de la seguridad quizá debería obligar al gobierno del estado que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros a proponer un nuevo modelo que parta de la creación de un mando único que controle la policía estatal y las policías municipales, sobre todo que hoy se habla de establecer una innovadora tecnología en materia de comunicación una vez que el sistema de radiocomunicación matra dejará de operar.

 

Tlaxcala tiene las condiciones para poner en marcha un mando único en materia de seguridad, si se considera que la fuerza policiaca en la mayoría de los 60 ayuntamientos es limitada y carece de autorización para disponer de armas de fuego. Los delincuentes saben de esas debilidades y de la falta de coordinación entre las autoridades, mismas que aprovechan para operar sin grandes problemas en varias regiones de la entidad.

 

Si hubiera un mando único éste no sólo designaría a los directores de seguridad pública en los municipios, sino que se establecería un verdadero control para la contratación de policías en lo que se refiere a los exámenes de control y confianza, porque para nadie es desconocido que los presidentes municipales entregan esas posiciones para cumplir compromisos políticos o a personas que carecen del perfil para desempeñar ese importante cargo.

 

Si la gobernadora Lorena Cuéllar tuviera el control del mando único de todas las fuerza policiales que operan en la entidad, seguramente tendría más elementos, herramientas y la estrategia para enfrentar con mayor efectividad la ola delictiva que golpea a los tlaxcaltecas, ya que difícilmente aprovecharía esa condición para su beneficio.

 

El problema de la inseguridad es real en la entidad y las autoridades deben hacer algo con urgencia antes de que ese fenómeno se convierta en una bandera que se utilice los detractores para golpear y desacreditar el trabajo del nuevo gobierno.

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