Fueron varios meses los que el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez tuvo que esperar para que la justicia federal le otorgara un amparo que obliga a los integrantes de la actual legislatura a resolver su caso respecto así debe continuar o no como miembro del pleno del Poder Judicial de Tlaxcala.

 

 

Como se recordará, el también ex presidente del TSJE fue sometido a una evaluación por los diputados de la LXIII Legislatura local que determinó el pasado 4 de febrero no ratificar en el cargo a ese jurista, situación que de inmediato fue rechazada por el involucrado que recurrió al amparo porque consideró que sus derechos habían sido vulnerados.

 

Jiménez Martínez ya tenía sus dos periodos como magistrado tal y como la ley lo permite, sin embargo en el último de ellos los legisladores locales cometieron una serie de errores durante el procedimiento que le dieron argumentos legales para litigar el caso y buscar su permanencia indefinida en el pleno del TSJE.

 

Quizá por esa razón la justicia federal dejó sin efectos la aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia que analizó el caso de Mario Antonio de Jesús Jiménez como magistrado del Poder Judicial de Tlaxcala, así como también declaró insubsistente el acuerdo del 4 de febrero de este año por el cual se decreta que, por ministerio de ley, se actualizó la conclusión del nombramiento de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jiménez Martínez.

 

Ahora, los diputados de la LXIV Legislatura estarán obligados a llevar a cabo una nueva evaluación a Mario Antonio de Jesús Jiménez y tendrán que emitir un nuevo dictamen que decida sobre la conclusión o no de su nombramiento como magistrado propietario, por lo que deberán emprender todas las acciones administrativas internas que sean necesarias para dar cumplimiento al amparo.

 

El Congreso de Estado también deberá solicitar al Consejo de la Judicatura del Estado un informe sobre el desempeño del entonces magistrado a fin de que sea un instrumento que ayude a realizar una nueva evaluación.

 

Lo interesante del caso será ver si los diputados y las diputadas deciden ahondar en las investigaciones que se abrirán para calificar el desempeño de Mario Antonio de Jesús Jiménez como integrante del Poder Judicial, sobre todo porque sobre él pesan varias acusaciones de presunta corrupción que hasta ahora ninguna ha sido comprobada.

 

No faltarán las voces que cuestionarán la reputación del ex magistrado y sus nexos que tuvo en la pasada legislatura para presuntamente salir beneficiado en su evaluación, pues para nadie pasó desapercibido que un sobrino (Carlos Eduardo Jiménez Casco) de Jiménez Martínez venía laborando como asesor del entonces diputado morenista Víctor Manuel Báez López.

 

Mario Antonio de Jesús Jiménez no ha cobrado ni ha recibido su haber de retiro, de ahí que el abogado tlaxcalteca se mantendrá firme en su litigio para intentar regresar como magistrado al Poder Judicial de Tlaxcala.

 

La actual legislatura tendrá un inicio de año complicado no sólo porque deberá atender el fallo de la justicia federal sobre el caso del ex magistrado Jiménez Martínez, sino porque también tendrá que enfrentar el asunto de los 34 trabajadores basificados que fueron suspendidos y que al parecer vienen ganando el litigio para regresar a sus labores en el Congreso del Estado.

 

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