No lo cuente en voz alta, pero trascendió que varias investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia en el Estado siguen avanzando, pues el objetivo es que una que otra carpeta llegue al juez o a una jueza para que en los primeros días de enero se estén judicializando y los probables responsables de algún hecho irregular acudan ante la justicia para aclarar las acusaciones que existen en su contra.

 

 

Una prueba de lo anterior, sería el oficio que mandó la mencionada fiscalía a la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad del gobierno del estado para que en un plazo no mayor a dos días hábiles informe si existe algún registro a nombre de la líder del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud y actual diputada local del PRI, Blanca Águila Lima.

 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le hace saber al responsable de esa área de la actual administración estatal que en caso de no enviar la información solicitada se le aplicará una medida de apremio consistente en una multa.

 

Hasta ahora se tiene la confirmación que la aguerrida priista Blanca Águila enfrenta una acusación penal registrada en la Procuraduría General de Justicia en el Estado bajo el número FECCT/T3/280/2021. Se desconoce quién es la parte acusadora y específicamente que investigan las autoridades de Tlaxcala, aunque se presume que el caso podría estar relacionado con la asignación de plazas a trabajadores de la Secretaría de Salud.

 

Se dice que no es la única carpeta que se está integrando, pues hay otras más que involucran a ex presidentes municipales que pronto deberán acudir ante la justicia.

 

Trascendió que al interior de los directivos y nuevos responsables del Congreso del Estado prevalece el desánimo y la incertidumbre porque cada vez están comprobando que no será tan fácil desaparecer las 34 nuevas plazas que la legislatura pasada habilitó y que muchas fueron a parar a manos de familiares y recomendados de los ex diputados locales.

 

El asunto legal está perdido y por esa razón se ha ofrecido a los trabajadores que fueron beneficiados con esos espacios una liquidación que va de los 150 mil pesos hasta los 190 mil pesos, montos que distan mucho a los que inicialmente fueron propuestos y que no rebasaban los 30 mil pesos.

 

De acuerdo con la información disponible, ningún trabajador de los 34 que lograron una plaza ha aceptado su liquidación, de ahí que no sería raro que en breve éstos regresen a laborar en el Congreso del Estado, situación que representará un gran fracaso para los nuevos jefes del Poder Legislativo de Tlaxcala y sus directivos que deberán reconocer que la anterior legislatura fue más eficaz, no sólo porque sí logró manejar los “fondos moches”, sino porque fue capaz de habilitar nuevos puestos de trabajo que hoy tendrán que ser respetados.

 

Trascendió que el ambiente laboral en la Procuraduría General de Justicia en el Estado es cada vez más tenso, debido a que el nuevo personal que llegó con la titular de la dependencia, Ernestina Carro Roldán, no cuenta con la experiencia ni la capacidad para sacar el trabajo y frenar la corrupción que habría heredado el anterior ex procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez.

 

Dicen que Víctor Enrique Montiel Ramos, nuevo director de la Policía de Investigación de la PGJE no da una y que al interior de esa fuerza prevalece el desorden, toda vez que los comandantes y agentes ya se dieron cuenta que su jefe no conoce el área ni tiene experiencia para armar una indagatoria que lleve a dar con los responsables de los delitos que se están cometiendo en la entidad.

 

El personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado está cansado que se le cuide en todo momento y sobre todo que se le cuenten los hojas de papel que utiliza, cuando hay asuntos relevantes que hoy se están ignorando y que nadie quiere investigar, como la denuncia que interpusieron familiares de dos señoras pensionadas a las que se les inventó concubinos para que éstos pudieran cobrar por años las pensiones a las que no tenían derecho porque jamás tuvieron una relación con las fallecidas.

 

Ese espinoso asunto donde suplantaron identidades y se montó una historia falsa no es el único, porque se tiene conocimientos de otros casos similares en los que está involucrado personal de la PGJE como el Dr. Oliver, un abogado de apellido Cuahutencos y hasta presuntos familiares de la hoy procurador Ernestina Carro.

 

Si el caso no registra avances, pronto podría ser ventilado en los medios de comunicación a fin de evidenciar el encubrimiento que los nuevos jefes de la PGJE pretenden dar a los involucrados en ese grave delito.

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