Nadie puede subestimar el trabajo y las acciones emprendidas por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros en los primeros cien días de la actual administración estatal, pues las nuevas autoridades se concentraron en dar soluciones a problemas que se enfrentaban y que obviamente afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas.
En materia de salud con la operación de los kioscos de recarga de oxígeno gratuito, la reparación de los ventiladores para mejorar la atención de los enfermos Covid, la entrega de 27 nuevas ambulancias, el abasto de medicamentos en clínicas y hospitales, la asignación de un helicóptero que fue adaptado para labores de ambulancia aérea y la construcción del Complejo de Atención Especializada para abatir rezago en hemodiálisis y cirugías ambulatorias son logros a la vista de todos.
La actual administración también ha trabajado para reactivar el turismo y logró la reapertura del Hotel Posada San Francisco y la reinauguración del Hotel Holiday Inn, ubicado en Atlihuetzia, municipio de Yauhquemehcan, el cual permaneció cerrado desde casi el último año del gobierno de Mariano González Zarur.
La reactivación económica es una realidad porque prácticamente se han recuperado los puestos de trabajo que se tenían antes de que iniciara la pandemia y diferentes empresarios han anunciado nuevas inversiones para abrir otras industrias o para ampliar sus actuales plantas.
Tan sólo Walmart de México confirmó la instalación de un nuevo Centro de Distribución por un monto de 3 mil 239 millones de pesos que además generará 2 mil empleos directos e indirectos, el cual habrá de iniciar su construcción en los primeros meses de 2022 y se ubicará en el municipio de Huamantla.
El gobierno de Lorena Cuéllar también resolvió lo que parecía imposible y que era un juicio millonario perdido que en caso de haberse mantenido se hubiera tenido que pagar casi mil millones de pesos a las empresas afectadas por el capricho de la administración de Mariano González Zarur que unilateralmente y de manera irresponsable canceló llegando al poder el proyecto de construcción de la Central de Abastos de Xaltocan sólo porque éste lo había generado el también ex mandatario panista Héctor Ortiz Ortiz.
La administración lorenista pagará 250 millones de pesos a las empresas perjudicadas (Díaz Gayosso Construcciones y Proyectos, Orión Global Group y Alpha Central de Abastos Tlaxcala) y pasará a ser dueña de casi 15 hectáreas y de la infraestructura que se construyó para poner en marcha ese centro de distribución alimentario.
Aunque se ha hablado muy poco del tema, la Oficialía Mayor de Gobierno también ha tenido avances en la solución de la deuda que enfrenta Pensiones Civiles y ha metido orden en los módulos médicos y en la dotación de medicinas para los trabajadores del gobierno de estado, lo que ha frenado la fuga millonaria de dinero que se permitió en las últimas administraciones que llevaron a tener adeudos de varios millones de pesos con un poderoso proveedor de medicamentos como es Nacional de Drogas S.A. de C.V. (Nadro).
En lo que respecta a la obra pública, el trabajo es muy pobre porque sólo se menciona la construcción del Complejo de Atención Especializada y el inicio de la obra de reconstrucción de la carretera Atlangatepec, segunda etapa, proyecto que abarca mil 500 metros con una inversión de más de 5 millones.
Si bien se puede hablar de avances y logros en los primeros cien días de gobierno, me parece que en otros rubros la administración lorenista queda a deber, como en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el combate a la corrupción y en seguridad pública.
Hasta ahora la información de las licitaciones, contratos y compras no está disponible. Nadie sabe quiénes son los proveedores y las empresas que han recibido ciertos servicios. Tampoco hay información disponible respecto a cómo se ha ejercido el gasto y ni tampoco se cuenta disponible el directorio de los nuevos funcionarios.
Sobre el combate a la corrupción sólo se sabe que de septiembre a la fecha hay 10 ex funcionarios estatales denunciados por presuntos anomalías financieras o faltantes, pero se desconoce por completo cómo fue el proceso de entrega recepción del gobierno de estado, si se detectaron observaciones graves o no, si la administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez recurrió a una red de empresas “factureras” para simular gastos y obtener de manera ilegal importantes sumas de recursos públicos.
La seguridad pública sigue siendo el “Talón de Aquiles” para la nueva administración porque pese a la inversión que se hizo para dotar de más patrulla, armamento y uniformes a la Policía Estatal y a las que operan en los municipios, la percepción que se tiene es que Tlaxcala enfrenta una ola delictiva que no ha podido superar.
En el imaginario colectivo se tiene presente que los homicidios dolosos van a la alza, al igual que los feminicidios, así como la desaparición de jovencitas. La operación de bandas que utilizan motos para asaltar o robar vehículos es cada vez más frecuente, así como la presencia de comandos armados que lo mismo secuestran pequeños empresarios que roban camiones de carga, maquinaria pesada o entran a casas de políticos para saquear sus viviendas como pasó en Panotla y en Tlaxcala capital.
Hoy por la tarde la gobernadora Lorena Cuéllar rendirá un informe de sus primeros cien días de gobierno. Seguramente presumirá sus logros y quizá reconozca uno que otro pendiente, pero lo importante será escuchar el mensaje que dará a sus colaboradores, quienes a partir de este día enfrentarán un proceso de evaluación a fin de determinar cuántos se mantendrán en sus cargos y cuántos se irán a sus casas porque sencillamente no tuvieron la capacidad de seguirle el ritmo a la actual mandataria de Tlaxcala.
Y de haber cambios, éstos se concretarán hasta enero, de ahí que todavía veremos en el gabinete legal y ampliado a uno que otro funcionarios que estarán viviendo sus últimos días como miembro de la burocracia dorada.
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