Falta muy poco para que la lealtad de los ex funcionarios menistas se ponga a prueba y se compruebe cuántos estarán dispuestos a asumir la culpa y responsabilidad de los presuntos malos manejos detectados en las dependencias estatales y cuántos estarán dispuestos a soltar la sopa y a dar detalles de los verdaderos autores y beneficiarios de las anomalías financieras que están siendo documentadas por los lorenistas.
La administración de la nueva gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, ha optado por el sigilo y la discreción durante el proceso que ha llevado la entrega recepción del gobierno, lo que quizá algunos ex funcionarios estatales interpretaron como debilidad, falta de conocimiento y hasta de encubrimiento, sin embargo están equivocados porque los expedientes de las probables transas se están armando a fin de tener los elementos necesarios para llamarlos a cuentas.
A diferencia del lenguaraz alcalde capitalino Jorge Corichi Fragoso que recurre a acusaciones estrambóticas contra los exfuncionarios del ayuntamiento de Tlaxcala que sólo se quedan en el terreno mediático, la mandataria del estado se muestra prudente pero contundente al referirse a las inconsistencias encontradas y que éstas necesariamente deberán traducirse en procesos de sanción para los responsables.
Lorena Cuéllar sólo ha hablado del monto de las anomalías financieras registradas en el sector salud tlaxcalteca que supera los 200 millones de pesos, pero hasta donde se sabe en otras dependencias estatales también se están documentando los presuntos desvíos de recursos públicos debido a que los ex funcionarios dispusieron y se gastaron los fondos correspondientes a los últimos cuatro meses del año.
El presupuesto se agotó y los menistas llevaron a cabo compras que no se requerían o sencillamente los artículos que se adquirieron no están por ningún lado, situación que el Órgano de Fiscalización Superior ya investiga con el propósito de castigar esas conductas.
La gobernadora no es una mujer de venganzas o una política que aproveche su cargo para perseguir o perjudicar a sus adversarios, sin embargo tampoco es una persona que encubra o solape actos ilegales o la corrupción, de ahí que los ex funcionarios menistas deben preocuparse sí la regaron porque difícilmente podrán evitar la sanción administrativa o la cárcel si es que su voracidad lo amerita.
La diferencia entre la nueva y la pasada administración estatal es muy simple. Hoy sí existe la voluntad de que el Sistema Estatal Anticorrupción funcione y de resultados, pues la simulación que mantuvo el castrado ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ya no existe.
Hoy si es real el compromiso para castigar la corrupción. Hoy si hay una procuradora de Justicia que verificará que las denuncias se integren y también hoy si se dejará intervenir sin restricciones o limitaciones al Órgano de Fiscalización Superior para que aporte todos los elementos a la Fiscalía Anticorrupción, instancia que en los siguientes meses tendrá mucho trabajo.
En cuestión de tiempo para ver desfilar a los ex funcionarios estatales y municipales que serán llamados a cuentas.
Y por cierto, dicen que la lista es larga.
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