La decisión ya se tomó y sólo es cuestión de tiempo para que se concrete y se sepa cuánto costará al Congreso del Estado de Tlaxcala liquidar a las 34 trabajadores que lograron una plaza que fueron creadas hace casi cinco años y apenas reconocidas por la pasada legislatura que controló y administró el matador de toros y político Rafael Ortega Blancas.
Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador de la bancada del PRD, fue el encargado de revelar que las 34 basificaciones de familiares y amigos de los ex diputados serán desaparecidas, proceso que la Dirección Jurídica de la LXIV Legislatura inició y que deberá terminarse en los próximos meses.
Tiene mucha razón el diputado perredista cuando sostiene que la absurda decisión de los ex legisladores de generar tal burocracia era éticamente insostenible, pues era incorrecto que familiares de los ex representantes populares hubieran ocupado esos espacios, además de que financieramente se colapsaría al Congreso del Estado que de mantener esas posiciones tendría que destinar más de siete millones de pesos para poder concluir el ejercicio fiscal 2021.
Las plazas se crearon con salarios que iban de los 14 mil pesos a los 80 mil pesos mensuales, sin incluir el pago de compensaciones que obviamente las hacían muy atractivas, de ahí que legisladores como el ex morenista Rafael Ortega, la aliancista Luz Guadalupe Mata Lara, la verde-ecologista Maribel León Cruz, el neopetista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y otros más se beneficiaron con esos espacios laborales.
La decisión de cancelar esas plazas salió de los seis grupos parlamentarios y los cuatro representantes de igual número de partidos que respaldaron el acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política, lo cual es de reconocer porque todo hace pensar que los actuales diputados sacrificarán sus ingresos para destinar recursos a liquidar los excesos de los ex diputados locales que sin estar en el Poder Legislativo siguen obteniendo beneficios.
Seguramente los recursos públicos del ajuste trimestral que en este mes recibirá el Congreso del Estado se emplearán para llevar a cabo el despido y liquidación de esos 34 trabajadores, de ahí que los que terminarán pagando los platos rotos son los actuales diputados y no los que se fueron y que presumen sus cargos en el gobierno del estado que encabeza la morenista Lorena Cuéllar Cisneros.
Habrá que ver hacia dónde se mueven las aguas de tal decisión, debido a que los ex diputados han venido acumulando la información necesaria para demostrar que los actuales legisladores gozan de los mismos privilegios que ellos y que es mentira que se conduzcan con ética, transparencia y sobre todo que rindan cuentas.
Se dice que incluso se podría conocer cómo los recursos del Congreso del Estado se utilizaron para pagar operaciones estéticas y otros gastos superfluos.
El pleito entre los actuales diputados y los ex legisladores apenas comienza y seguramente saldrán a relucir muchos trapos sucios al sol, como el expediente de un influyente funcionario estatal que hoy es inaccesible pero que cuando se desempeñó como representante popular morenista no justificó ni comprobó ningún fondo recibido y hoy podría ser exhibido no sólo por transa, sino por haber recibido el estímulo que obtuvieron algunos diputados para aprobar la última cuenta pública del ayuntamiento de Tlaxcala que correspondió a la desastrosa administración de Anabell Ávalos Zempoalteca.
Veremos en qué termina el desencuentro entre los ex diputados contra los diputados.
No me ayudes compadre
Ayer se registró un hecho bochornoso que no avanzó más debido a que el diputado morenista Rubén Terán Águila intervino para frenar el abuso de poder que intentó cometer el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González Hernández.
Resulta que la gobernadora Lorena Cuéllar convocó a una comida de acercamiento entre los funcionarios estatales y los actuales diputados locales, la cual se realizó en el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial.
Los primeros en llegar se llevaron la sorpresa de que les era retirado su teléfono móvil por instrucciones de Sergio González, medida que acataron sin problemas los selectos funcionarios que sí fueron citados, porque después se comprobó que otros más fueron convocados de última hora y optaron por no asistir al constatar que hay servidores públicos consentidos y otros marginados.
Cuando esa absurda decisión se intentó aplicar a los diputados locales, éstos se molestaron y empezaron a protestar, incluso manejaron la posibilidad de retirarse de la comida por el trato que estaban recibiendo, razón por la cual Rubén Terán tuvo que ubicar al secretario de Gobierno para pedirle que respetara a los legisladores si es que quería que se llevará a cabo la comida que no era de trabajo sino de acercamiento.
Al final, se canceló la machista decisión de retirar los teléfonos móviles y es obvio que no faltaron los comentarios de varios legisladores durante la comida en el sentido de que el secretario de Gobierno está muy lejos de ayudar a la gobernadora Lorena Cuéllar con esas torpes actitudes controladoras.
Por lo que se ve Sergio González empezó muy mal la semana.
***********************************************************************************************************************