Así como la actual legislatura que está por concluir su periodo heredó un problema financiero que se generó en el 2015, también los futuros ayuntamientos y la próxima administración estatal recibirán varios conflictos legales que están perdidos, por lo que estarán obligados a desembolsar fuertes cantidades de dinero para evitar embargos.
La actual administración del Congreso del Estado tuvo que aceptar la basificación y el pago de prestaciones a varios trabajadores que demandaron en el 2015, pero que los responsables de aquella legislatura encabezada en su momento por el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y por el ya fallecido Florentino Domínguez Ordoñez se negaron a resolver, lo que derivó en un conflicto legal que para estas fechas se perdió y amenazaba con embargar las cuentas del Poder Legislativo que adeudaba a esos empleados afiliados al Sindicato 7 de Mayo más de 40 millones de pesos.
La noticia que se difundió ayer en el sentido de que se había basificado a algunos trabajadores del Congreso del Estado es real, pero lo que no se informó es que tal decisión fue obligada y se hizo para evitar un mayor conflicto, toda vez que estaban en riesgo las finanzas del Congreso del Estado.
Si la legislatura local que operó en el 2015 hubiera aceptado o resuelto definitivamente el problema de la entrega de espacios laborales a los recomendados de los diputados, el caso no se habría complicado ni hubiera alcanzado los montos millonarios que estaba exigiendo el Sindicato 7 de Mayo, de ahí que ese conflicto le reventó a los actuales encargados de las finanzas del Congreso del Estado que no tuvieron otra más que encontrar la mejor solución y evitar que se pusiera en riesgo la estabilidad financiera del Poder Legislativo.
Lo anterior obviamente es una herencia maldita que no será la única de la que se hable, porque en unos meses más la nueva administración estatal encabezada por la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros, encontrará problemas de casos legales perdidos que implicarán el pago millonario de adeudos originados por las pésimas decisiones de sus antecesores.
Uno de esos adeudos está relacionado con la Central de Abastos de Tlaxcala, uno de los magnos proyectos del ex mandatario panista Héctor Ortiz Ortiz, el cual fue cancelada por el gobernador priísta Mariano González Zarur, bajo el pueril argumento de que había inconsistencias en la edificación del inmueble ubicado en el municipio de Xaltocan.
La empresa afectada demandó desde el 2011 al gobierno de Tlaxcala por abuso de autoridad, daños y perjuicios, ya que la obra reportaba para enero de ese año un avance del 50 por ciento y una inversión de más de 175 millones de pesos.
El inmueble de la Central de Abastos de Tlaxcala costaría 350 millones de pesos a la empresa regiomontana vinculada a la poderosa familia Zambrano y se desarrollaría en 18 hectáreas. Se tenían planeados más de 30 mil metros cuadrados de construcción con 228 bodegas, de las cuales 36 se destinarían a lácteos, 50 para abarrotes, 114 para frutas, 28 que tendrían productos cárnicos y 52 locales comerciales.
Cuando el gobierno de Mariano González decidió cancelar ese proyecto, ya se tenía vendido el 50 por ciento de los locales y bodegas.
Ese importante desarrollo comercial estaba pensado para abastecer a mercados de estados como Tlaxcala, Puebla y Veracruz, pues sería un polo de desarrollo para nuestra entidad.
Para nadie era desconocido que la cancelación de esa obra costaría al gobierno de Tlaxcala 320 millones de pesos por indemnización y 200 mil pesos diarios mientras estuviese parada la obra.
Tampoco lo es el hecho que el abogado de los empresarios regiomontanos contratado para ganar el pleito es el ex candidato panista a la presidencia de México, Diego Fernández de Cevallos Ramos, el mismo que también ofreció sus servicios profesionales al gobernador Mariano González que le pagó para litigar el caso de los notarios orticistas a los que el hacendado intentó, sin conseguirlo, cancelar sus patentes como fedatarios públicos.
El gobierno de Mena Rodríguez está al tanto de esa millonaria bronca y sólo espera que lleguen las nuevas autoridades encabezadas por Lorena Cuéllar para que sean ellas las que carguen con la liquidación de ese pleito que sumaría en estos momentos más de mil millones de pesos.
Ese problema forma parte de la herencia maldita que recibirá Lorena Cuéllar.
También habrá presidentes municipales que recibirán adeudos millonarios, mismos que en su mayoría están relacionados con el pago de laudos.
Es una realidad que los actuales alcaldes no han querido liquidar esos compromisos laborales y han recurrido a ciertos recovecos legales para librarse de esa responsabilidad a fin de heredar ese problema a sus sucesores.
No cabe duda que a algunos ya les urge dejar el poder.
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