Los actuales diputados locales han venido retrasando el último paso que se requiere para que a partir del 1 de septiembre los servidores públicos de primer nivel, incluido el gobernador, magistrados, autoridades municipales, titulares de organismos autónomos y electorales, así como ellos mismos, puedan ser juzgados por delitos que comentan.
En Tlaxcala podría ser una realidad que esos servidores públicos carezcan de fuero constitucional, de ahí que si incurren en un presunto ilícito o realizan «actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho», éstos estarán en posibilidades de ser detenidos y presentados ante las autoridades jurisdiccionales como cualquier otro ciudadano.
El Congreso del Estado aprobó hace varios meses la reforma para eliminar el fuero Constitucional, sin embargo el proceso legislativo para que esos cambios sean legales y entren en vigor no se ha terminado, por lo que corresponde a los actuales diputados locales hacerlo y dejar esa nueva realidad.
Aunque usted no lo crea, hay diputados locales que tienen dudas y hacen todo lo posible por no concluir este trámite que pone fin al fuero. Se espera que en los próximos días la reforma aparezca publicada en el Periódico Oficial de Estado y con ello se ponga fin a esa facultad y derecho que ya se suprimió en otras entidades del país como la Ciudad de México, Baja California, Campeche, Coahuila, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
Con la reforma aprobada, los diputados derogaron el artículo 107 de la Constitución local en el que se establecía que el gobernador, los diputados, los magistrados, los presidentes municipales y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contaban con fuero constitucional a partir de que hayan rendido protesta y se encuentren en funciones.
No obstante, en el artículo segundo transitorio, los legisladores locales establecieron que esos cambios a la ley no serían aplicables al gobernador, a los diputados, a los magistrados, a los presidentes municipales, al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni a los consejeros integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que se encuentren en ejercicio de sus funciones o cuyo nombramiento esté vigente al momento de la aprobación del decreto por el Congreso del Estado, específicamente por el tiempo para el que, en la actualidad, hayan sido electos o nombrados.
Si se concluye ese proceso legislativo y la reforma entra en vigor, la gobernadora electa Lorena Cuéllar Cisneros, los miembros de su gabinete, los integrantes de la próxima legislatura y los próximos presidentes municipales ya no gozarán del fuero constitucional, lo cual obligará a esos servidores públicos a tener un correcto desempeño.
Ojalá se haga realidad la eliminación del fuero constitucional, porque sin duda es algo que los ciudadanos y las ciudadanas vamos a aplaudir a los actuales diputados.
Dónde está la autoridad
El cierre de la carretera federal Puebla Tlaxcala a la altura de la presidencia municipal de Xicohtzinco está por cumplir un mes, lo cual resulta preocupante porque la Secretaría de Gobierno a cargo del torpe José Aarón Pérez Carro sencillamente ya demostró que es incapaz para impedir que siga ese exceso que no sólo daña a los habitantes de esa población, sino a los ciudadanos que no pueden circular libremente por esa zona.
El conflicto que inició la noche del 6 de junio luego de que se conociera que Morena no logró el triunfo en los comicios, fue escalando y ahora no sólo un grupo de inconformes exige elecciones extraordinarias, sino que está empeñado en evitar que el alcalde José Isabel Badillo Jaramillo siga en funciones bajo el argumento de que ha incurrido en diferentes actos de corrupción.
El secretario de Gobierno hace que interviene y sólo simula que atiende el conflicto, porque hasta ahora las cosas se mantienen igual y no se ve para cuando vaya a poner un alto a los inconformes.
El valemadrismo de Pérez Carro es insultante, pero si cobra y ejerce un cargo, lo justo sería que cumpliera con sus obligaciones y sobre todo hiciera valer el estado de Derecho en Tlaxcala.
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