Si la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del “académico” José Antonio Aquiahuatl Sánchez tuviera en esa dependencia elevados estándares de eficiencia y eficacia en la integración e investigación de averiguaciones previas y un aceptable nivel de casos resueltos que se pudieron judicializar, quizá se justificaría la celebración de un “Magno Congreso de Derecho Penal” que servirá, según dicen, para compartir las experiencias, analizar temáticas y fortalecer conocimientos en materia penal.

Sin embargo, la realidad es otra y el quehacer de la procuraduría tlaxcalteca deja mucho que desear porque pese a los esfuerzos de la actual administración estatal para mejorar las condiciones salariales, crear nuevas plazas y dotar de más y mejor equipo y tecnología, el nivel de eficiencia de esa área clave del gobierno está muy lejos de ser aceptable.

En lo que va de la actual administración se han registrado más de 460 homicidios en el estado, mismos que implicaron el inicio de una averiguación previa, de ahí que valdría la pena que el farsante procurador Aquiahuatl Sánchez informara cuántos casos se han resuelto y el número de responsables que se encuentra detenidos y en vías de ser castigados por esos delitos, así como también sería sano conocer el número de expedientes que no han tenido avances y cuyas familias no han podido recibir la anhelada justicia.

El crecimiento de la violencia durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ha sido evidente, pues de los 96 homicidios registrados en el último año de la gestión del hacendado gobernador Mariano González Zarur para el 2019 casi se duplicaron los asesinatos al situarse en 188 casos.

Y si bien el fenómeno de la violencia es nacional donde Tlaxcala no ha quedado al margen, la realidad indica que es muy reducido el número de casos que han sido resueltos y que han terminado con personas detenidas y castigadas por cometer esos homicidios, situación que se replica en otros ilícitos del fuero común donde simplemente los afectados no ven que sus denuncias se integren y lleguen a un juez.

Por lo anterior resulta ridículo e insultante que la Procuraduría General de Justicia del Estado destine tiempo y recursos públicos para organizar un “Magno Congreso de Derecho Penal” previsto para el próximo 23 de enero, en donde por cierto aparece como patrocinador una institución patito ligada al trácala José Antonio Aquiahuatl conocida como Universidad NOVA.

Dicho evento que goza del respaldo institucional de la PGJE contará la participación de José Eduardo Téllez Espinoza, Magistrado en Retiro, Arturo Altamirano González, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y Miguel Ángel Aguilar López, catedrático de Posgrado en Derecho de la UNAM y revisor del Código Nacional Penal tendrá una cuota de recuperación de 350 pesos que todos deberán cubrir si es que tienen la intención de “fortalecer” sus conocimientos, incluido el personal de la dependencia que estaría siendo obligado a asistir en día laboral y en horario de trabajo, lo cual resulta incongruente y deja al descubierto los intereses del nefasto procurador.

Aquiahuatl Sánchez ha intentado por todos los medios posicionar a la mencionada institución que forma parte de las “universidades patito” que se autorizan sin ninguna razón por parte de las autoridades educativas, la cual ofrece licenciaturas en línea en dos años de estudio y una maestría en la misma modalidad en un año y cuatro meses, lo que obviamente deja entrever el dudoso nivel académico que logran los incautos que optan por inscribirse en esa escuelita.

Si el procurador extraña su vida “académica” y está más interesado en generar recursos económicos a través de la “capacitación”, sería bueno que renunciara a su cargo y permitiera que otro abogado asumiera esa responsabilidad para dedicarle tiempo completo a su trabajo y se comprometa a entregar mejores resultados a los obtenidos hasta el momento.

Con este tipo de funcionarios uno entiende porque ciertas áreas del gobierno de Marco Mena están más que jodidas.

Ni hablar.