Un asunto que pareciera normal e irrelevante y al que nadie le da la importancia que merece, tiene que ver con la exagerada discrecionalidad que se otorga a los tres poderes en Tlaxcala para manejar y disponer de millonarios recursos que obtienen a través de los ajustes trimestrales, pues simplemente sus titulares los pueden ejercer a su conveniencia sin rendir cuentas claras del destino final de esos fondos.
Un esquema que ya es inaceptable y que los diputados locales deberían revisar, no sólo por tener una fórmula amañada para repartir los fondos en los 60 municipios de la entidad, sino porque la distribución de los recursos que cada tres meses llegan a Tlaxcala por parte de la Federación son manejados discrecionalmente sin que exista la certeza de que éstos son utilizados correctamente en beneficio de la población o de los servidores públicos.
Para que tenga una idea clara de lo que estamos hablando, le comento que la semana pasada se reveló que los 60 municipios tlaxcaltecas se repartieron una bolsa de 94 millones de pesos, mientras que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez dispondrá de más de 400 millones de pesos por el bendito ajuste trimestral.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial también resultaron beneficiados con el primer ajuste trimestral del 2019, al disponer cada uno de más de 19 millones de pesos, cantidad que se suma a los incrementos que ambas instancias registraron en sus presupuestos de este año.
Tan sólo el Poder Judicial de Tlaxcala en manos del magistrado marianista Héctor Maldonado Bonilla ya dispone para el mes de abril de casi 75 millones de pesos más de lo que administró durante el 2018, sin embargo esos fondos extras no se han reflejado en una mejora salarial de la mayoría del personal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado que sigue cobrando muy bajas remuneraciones.
De acuerdo con un análisis y proyección de la Secretaría de Planeación y Finanzas que controla Alejandra Nande Islas, se estima que el segundo, tercer y cuarto ajuste trimestral será muy similar al primero de este año. Lo anterior se traduce que el gobernador Mena Rodríguez dispondrá de casi 1,600 millones de pesos para el 2019 que podrá gastar en lo que él quiera sin pedir ninguna autorización a nadie.
Los 25 diputados de la actual legislatura local que pueden presumir ser los mejores pagados en la historia de Tlaxcala manejarán casi 80 millones de pesos adicionales a su presupuesto de este año, los cuales no se sabe en que se invertirán si tiene una sede nueva que no requiere mantenimiento y muebles recientemente adquiridos para llevar a cabo sus actividades.
Dudo que se quieran ampliar aún más la bolsa que disponen para otorgar apoyos a los ciudadanos, pues está comprobado que algunos legisladores prefieren quedarse con esos fondos y no entregar ni un peso a las personas que los visitan solicitando su ayuda.
Sin dudas el beneficiado en el Poder Judicial de Tlaxcala es la burocracia dorada conformada por los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes con el aval del controlar interno, el marianista Ignacio Ramírez Sánchez, suelen repartirse el dinero público y obtener privilegios que ellos se autorizan.
Difícilmente esos excedentes se usarán para incrementar el salario al personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que es el que realmente trabaja y mantiene a flote al Poder Judicial.
Los 60 alcaldes del estado esperan que los montos de los ajustes trimestrales se mantengan porque para ellos representan una gran ayuda para solventar gastos y necesidades que sus habitantes les plantean.
Aunque se diga lo contrario, la realidad es que la distribución de esos fondos a los municipios se da en condiciones pocos claras.
Valdría la pena que los legisladores locales revisarán no sólo la fórmula y el procedimiento de asignación por las inconsistencias que se tienen. Quién puede explicar por qué razones en el más reciente ajuste trimestral Cuaxomulco obtuvo 1.6 millones de pesos y otros municipios con mayor recaudación, población y desarrollo económico como Tzompantepec y Teacalco recibieron menos recursos.
Sobre el tema hay muchas dudas y las evidencias de la presunta corrupción siguen acumulándose.
Por lo pronto urge que alguien ponga fin a la insultante discrecionalidad que existe en Tlaxcala en el manejo de los recursos públicos.