Cuando la parte oficial se aferra a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para presumir que Tlaxcala se mantiene como una de las entidades más seguras de México al registrar la segunda incidencia delictiva más baja del país, uno entiende el extraño comportamiento de los funcionarios estatales que minimizan los hechos violentos y se dan tiempo para desayunar con tal parsimonia que uno pensaría que son eficientes.
Si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez considera que su administración es eficiente y eficaz en materia de seguridad porque los datos oficiales indican que Tlaxcala es el segundo estado más seguro del país, también debería entender que la violencia y los criminales llegaron a la entidad para quedarse y que según los últimos reportes del primer trimestre del presente año en el estado se cometió un homicidio doloso cada tercer día.
El dato antes mencionado es oficial porque salió de la boca del inútil y gris procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien reconoció que de los 30 homicidios investigados por la PGJE y que se cometieron entre enero y marzo de este año, sólo uno había sido resuelto y se trataba de un feminicidio registrado en la comunidad de Acuitlapilco, donde el presunto responsable ya estaba detenido y enfrentando el proceso penal.
Sobre el resto de los casos, el torpe Aquiahuatl Sánchez se justificó el pasado 23 de abril con el pueril argumento de que los asesinatos se habían cometido en otras entidades y que los maleantes habían decidido abandonar los cadáveres en Tlaxcala, situación que según él dificultaba las acciones para encarcelar a los responsables.
Después de esas absurdas declaraciones, al día siguiente a José Antonio Aquiahuatl se le vio desayunando en el restaurante del Hotel GS Jerocs acompañado de su “hermano lelo” José Aarón Pérez Carro, actual secretario de Gobierno, quienes no tuvieron empacho en presumir sus nuevas y lujosas camionetas color café y el aparatoso equipo de seguridad que los custodia, el cual les da elementos para sostener la cantaleta de que Tlaxcala no hay crimen organizado.
Antes de que el mandatario presumiera ayer en la Tercera Sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal que Tlaxcala sigue siendo el estado más seguro del país, el diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Báez López, aseguró el miércoles pasado que “la sociedad está hasta la madre de tanta inseguridad.
Durante su intervención por el arranque de los foros de consulta pública para la creación de la Fiscalía General de Tlaxcala, el legislador morenista habló de una realidad muy distinta a la que describió el gobernador Mena Rodríguez, pues sostuvo que “la inseguridad ha crecido a tal magnitud que ha dado paso a que la ciudadanía actúe por mano propia para hacerse justicia”.
Además, precisó, “es de dominio público la falta de interés, de quehacer político, de voluntad y, sobre todo, de capacidad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar”.
Palabras más palabra menos, el también ex alcalde de Zacatelco dejó entrever que la Procuraduría General de Justicia en manos de José Antonio Aquiahuatl cumplió su ciclo de vida.
Según Báez López el reclamo de la sociedad que está insatisfecha con la PGJE es contante, de ahí que ahora se demande la presencia de un fiscal que realmente persiga y castigue los delitos que lastiman y laceran a las víctimas.
Como podrá ver en Tlaxcala hay dos realidades sobre el tema de la seguridad. Usted cuál es la que ve.
Una precisión.
Para concluir le comento que ayer el gobierno de Marco Mena envió a un servidor una carta aclaratoria negando los señalamientos que se publicaron en este espacio de opinión en torno a las transas que existen en el reparto de los ajustes trimestrales que asigna la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Ya se publicó.
Ahora le pedimos un tiempo para estar en posibilidades de documentar nuestras afirmaciones a través de audios y papeles oficiales que demostrarán los turbios manejos de los que hablamos y que involucran a un contador de nombre Gilberto, quien habría recibió 150 mil pesos de un alcalde en funciones que de la noche a la mañana registró un incremento de esos fondos por varios millones de pesos.