Dicen que la presente semana será clave para la permanencia de los mandos medios de las dependencias estatales. El rumor de los relevos es la constante, pero hay quienes aseguran que si en esta última semana de julio no se concretan los movimientos, éstos ya no se darán hasta enero del próximo año.
Nadie sabe quién dio la orden ni cuál es el objetivo, pero resulta que Ana Belén Rúa Lugo, la flamante responsable del C4, se dio a la tarea en días pasados de concentrar los expedientes de por lo menos cien funcionarios estatales que fueron investigados en sus antecedentes penales y en sus documentos oficiales que presentaron para acreditar sus estudios.
Una instancia que participó en esa labor fue la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), dependencia que encontró que varios servidores públicos incluidos en la lista negra tenían antecedentes penales o procesos abiertos en otros estados del país, por lo que los casos fueron reportados e integrados a los expedientes.
Se sabe que al menos un funcionario de la PGJE se percató de las indagatorias y optó por presentar su renuncia voluntaria al procurador Tito Cervantes Zepeda. Trascendió que ese servidor público sería el ex director administrativo que manejó los recursos de la dependencia en la gestión de Alicia Fragoso Sánchez y que al parecer tiene acusaciones por un presunto desvío en el estado de Guerrero.
La valiosa información de los expedientes que es resguardada por Ana Belén Rúa, contiene las anomalías detectadas en la administración de Mariano González Zarur, quien permitió la entrada y contratación de funcionarios con antecedentes, con procesos penales abiertos y con documentos falsos para acreditar supuestos estudios profesionales.
Lo anterior demuestra claramente la incongruencia de Hugo René Temoltzin Carreto, ex contralor del ejecutivo, quien por un lado emprendió una cacería para sancionar a 250 ex funcionarios del gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz, pero por otro permitió que los recomendados de su jefe fueran contratados pese a sus malos antecedentes y a que no cumplían con los requisitos de ley.
Trascendió que el verdadero poder en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) no está en manos del intrascendente Francisco Javier Romero Ahuactzi, quien carece de influencia para asignar obras a las empresas constructoras que participan en los concursos convocados por la dependencia.
El pastel de la obra pública está siendo repartido ni más ni menos que por el ladino Carlos Bailón Valencia, quien siendo el Secretario Técnico de la Oficina del Gobernador tiene el control absoluto de la Secoduvi.
Con la ayuda del Director de Obras Públicas de la Secoduvi, Pedro Bañuelos Morales, el eterno aspirante a la presidencia municipal de Tlaxcala decide los nombres de las empresas que ganarán los concursos, situación que ya empezó a generar la molestia entre los constructores tlaxcaltecas.
Se percibe que no hay mucha legalidad y transparencia en los concursos porque curiosamente están saliendo ganadoras las empresas constructoras cuyas propuestas económicas se encuentran en el tercer o cuarto lugar, como si la Secoduvi en manos de Carlos Bailón quisiera pagar más caro por la obra que está contratando.
Dicen que funcionarios cercanos a Pedro Bañuelos buscan a los constructores para solicitarles un estímulo (como 30 mil pesos) que al ser entregado se traducirá en una ayuda para que sus empresas al menos aparezcan entre las seis mejores propuestas económicas que se reciben.
No cabe duda que Bailón salió bueno para la lana.