La próxima semana iniciará el segundo semestre del año y los funcionarios estatales serán sometidos a una evaluación, pues tendrán que acelerar el paso y entregar buenos resultados para que se perciba que la nueva administración trabaja, de ahí que no descarte que se registren algunos ajustes.
Al concluir el primer semestre del año, los rumores sobre grillas internas, probables candidaturas y ajustes en el gabinete estatal a la orden del día.
Trascendió que ante los nulos resultados que ha entregado Francisco Javier Romero Ahuatzi, actual titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda estaría siendo evaluado para competir en el 2018 por la diputación local del distrito IX conformado por Chiautempan y Tlaltelulco, por lo que la actual legisladora que llegó por el PT y hoy usa playera de independiente Yazmin del Razo Pérez podría quedarse con las ganas de buscar la reelección bajo el impulso del PRI y sus aliados.
Después de seis meses, Romero Ahuatzi es considerado como un funcionario limitado que sólo pudo licitar adecuadamente la obra de imagen urbana del municipio de Nanacamilpa, pues los concursos a los que convocó hace un par de semanas para la ejecución de otras tres obras han generado malestar entre las empresas constructoras, porque según ellas existe favoritismo hacia ciertas compañías que muy pronto se documentará.
Se dice que el oriundo de Chiautempan permanecerá en su cargo hasta diciembre, mes en que presentará su renuncia para anunciar que buscará ser candidato del PRI a una diputación local.
Trascendió que la relación entre Hervé Hurtado, actual comisionado estatal de Seguridad Publica y Antonio Ramírez, director estatal de Vialidad es tan mala que ambos funcionarios han optado por no dirigirse la palabra.
Aunque parezca increíble, ambos funcionarios no se hablan y por lo tanto no existe ninguna coordinación en esas dos áreas de la administración estatal.
Pero no crea que es el único pleito que existe entre funcionarios estatales, ya que en otras dependencias sucede lo mismo, situación que es del pleno conocimiento de Eladia Torres Muñoz, secretaria particular del gobernador y de Anabel Alvarado Varela, responsable de la Secretaría de Gobierno, quienes han recibido las quejas de los involucrados.
Trascendió que algunos funcionarios han intentado asumir el rol que actualmente desempeña Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de la Secretaría de Salud, quien desde su posición bloquea a ciertos proveedores y sutilmente propone a las empresas que deben ser contratadas y que sin duda están ligadas a sus intereses.
Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno intentó hacer lo mismo que el poderoso Capasso Gamboa, “primer espada” del diputado local Mariano González Aguirre, sin embargo comprobó que no tiene el poder que se requiere para llevar a cabo esos negocios.
Uno más pero que de plano se mostró sincero fue Alberto Jonguitud Falcón, titular de la Secretaría de Salud, quien después de convencer a su jefe de que era necesario contratar a varios especialistas médicos a través de la figura del outsourcing, éste propuso a una empresa que estaría muy ligada a su línea de sangre, situación que al “honesto” Stefano Pierluigi Capasso le pareció indecente por lo que fue y lo propagó a su confidente de cabecera.
Trascendió que María Maricela Escobar Sánchez, encargada de la Contraloría del Ejecutivo ya tiene un amplio expediente de las anomalías encontradas en su dependencia y que se trasladan a la Secretaría de Salud, por lo que no se descarta que en los próximos días inicien los procesos para sancionar a funcionarios y ex funcionarios que incurrieron en conductas ilegales empezando por Hugo René Temotlzin Carreto.
Finalmente, le cuento que si bien el procurador Tito Cervantes Zepeda avanzó un paso en la reestructuración de la dependencia, ahora pretende retroceder dos al buscar que Sandra Xochipa San Luis asuma el cargo de subjefa del Departamento del Delito, cuando hay evidencias que su trabajo es pésimo.
Cuando Sandra Xochipa se desempeñó como agente del Ministerio Público integraba las averiguaciones previas por consigna sin respetar la ley, lo cual se puede demostrar con varios casos en los que ella participó directamente.
Además, es una servidora pública cuya lealtad está con el grupo de Alicia Fragoso y Víctor Pérez, procuradora y ex subprocurador de Justicia en el estado.
Y resulta grave que el procurador Tito Cervantes permita que César Maza, responsable de los policías investigadores de la PGJE, solicite información de su servidor en la Plataforma México sin que exista alguna denuncia o investigación que justifique esa acción.
Me queda claro que ese proceder no tiene ninguna intención buena, de ahí que lamento que la Procuraduría siga siendo el instrumento para intimidar a periodistas.