Manuel Camacho Higareda es un mentiroso. Sabe que los consejos de varios institutos y de algunas universidades no han sesionado, pero aún así insiste en que todo funciona correctamente, lo cual resulta grave porque desde ahora difícilmente se puede confiar en un funcionario que recurre a la mentira para justificar su omisión como jefe del sector educativo.
La estructura marianista que se montó al interior del gobierno para controlar las compras que implican un negocio con buenos dividendos para funcionarios y proveedores recibió otro golpe del jefe político del estado, pues casi logra su exterminio al dejarla sin los puestos claves que tenía en la Oficialía Mayor.
Sin embargo, el último eslabón de esa cadena de negocios, cuyos beneficiarios son los marianistas, se encuentra vigente en la Secretaría de Salud donde Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de esa dependencia, influye para que sean ciertos proveedores los encargados de dotar los insumos que requiere la Sesa.
El lunes se dio a conocer que la nueva directora de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones en la Oficialía Mayor es María Guadalupe Pérez Flores y que la Jefa del Departamento de Adquisiciones es Blanca Azucena Cortez Zárate, mano derecha de Jorge Capiz Jasso -responsables de las compras en el gobierno de Mariano González Zarur-, quien fue asesinado tras ser secuestrado a mediados del año pasado.
Ambas funcionarias estarían ligadas a Alejandra Nande Islas, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, una de las personas más cercanas al gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez.
Hasta el momento se desconoce las razones por las cuales José Manuel García Valencia dejó la Dirección Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, cuando era ubicado como uno de los hombres de mayor confianza del nuevo gobierno. El famoso «Jo» como se le conoce asumió el cargo el 1 de febrero y apenas si se mantuvo en el mismo por casi cinco meses.
Se dice que la reducida pero sólida red marianista que controlaba las compras del gobierno del estado en la pasada administración y que pretendía prolongar su influencia en la gestión de Marco Antonio Mena, rendía cuentas a Mariano González Aguirre que hoy muestra su poder en el Congreso local.
Hay que decir que ese esquema de concentrar las compras del gobierno lo estableció el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, quien se benefició de esa medida así como sus familiares que tuvieron bajo su responsablidad ese negocio, perdón ese proceso administrativo.
Los movimientos estratégicos para terminar con la influencia marianista en la estructura del gobierno del estado se han llevado paulatinamente pero de forma contundente.
Como se recordará el pasado 31 de enero el mandatario dio a conocer el cambio de los directores administrativos de las dependencias estatatales que controlaban y manejaban los presupuestos más abultados, lo que implicó cerrarle la llave a los marianistas que ilusamente pensaban que seguirían disponiendo de fondos para ellos y su grupo político.
El pasado lunes se concretó otro movimiento que debe verse como uno de los últimos escobazos del nuevo gobierno para sacar a los marianistas que pretendían seguir con sus negocios.
Pasarán otros días para que quizá llegue la limpia en la Secretaría de Salud donde Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, amigo de Mariano González Aguirre, deje de inmiscuirse en los procesos de compra y contratación de servicios que realiza esa dependencia.
Capasso Gamboa, quien se desempeñó como Director Jurídico de la Contraloría en el gobierno de Mariano González, es vinculado con una empresa constructora que en el sexenio pasado recibió contratos millonarios para ejecutar obras de remodelación en varias escuelas de la entidad.
Los marianistas no han entendido que hoy se vive otra realidad y que el jefe político es Marco Mena, el único que manda y toma decisiones en el gobierno.
No hay peor cosa que un funcionario mentiroso.
Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Educación Pública nunca aceptará que mal dirige el sector educativo y que ha violado la ley, porque su ego es tan grande que prefiere mentir antes que reconocer que ha fallado en su trabajo.
Aunque lo niegue es un hecho que los consejos del Icatlax, el ITC, el ITEA, el Itife, el Instituto Tecnológico de Tlaxco y la Universidad Politécnica de Hueyotlipan no han celebrado sesiones donde aprueben acuerdos relacionados con el presupuesto a ejercer, el organigrama y la plantilla laboral con la que laboran.
Hoy sesionará el consejo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, pero les guste o no es una realidad el desorden legal que prevalece en el sector educativo.
Es tan mentiroso Manuel Camacho que él fue informado que el consejo del Icatlax sólo realizó el año pasado tres de las cuatro sesiones que por ley debe llevar a cabo, pues la última prevista para noviembre y luego diciembre del 2016 no se pudo concretar por las presuntas anomalías financieras detectadas y que hasta el momento siguen sin ser solventadas.
Me queda claro que el aspirante a poeta hizo bien en convertirse en priísta, porque lo suyo es la mentira y la simulacón.