Nadie sabe porque el gobernador Marco Mena prolonga la designación del nuevo Subprocurador de Justicia en Tlaxcala, cuando desde hace unos días el poblano Víctor Pérez Dorantes que ostenta el cargo presentó su renuncia, pero que en los hechos aún sigue controlando con su equipo esa dependencia.
Mientras prevalezca en Tlaxcala la simulación, difícilmente los ciudadanos van a confiar en las autoridades que se empeñan en demostrarnos que lo suyo es violar y tocer la ley.
Los ejemplos abundan, pero sólo haré referencia a algunos para que compruebe que aquí se puede ignorar la ley si se trata de beneficiar al amigo o al familiar.
Hace unos semanas Leticia Caballero Muñoz se convirtió en miembro del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado y entre sus funciones le fueron asignados un determinado número de juzgados que debe supervisar para verificar que los impartidores de justicia cumplan con la ley.
Hasta ahi todo esta bien, sin embargo la representante de los jueces se muestra muy tolerante ante los excesos y abusos que lleva a cabo la juez penal Olivia Mendieta, porque simple y sencillamente desde el pasado 6 de marzo no encuentra ninguna falla pese a las quejas que existen de abogados sobre la actuación de esa abogada.
Pero lo más grave es que Leticia Caballero también supervisa el Juzgado Tercero de lo Familiar, instancia donde están radicados varios juicios en los que interviene directamente su esposo Miguel Ángel Temoltzin Durante y que tienen que ver sobre los bienes que dejó su suegro Gilberto Temoltzin.
La ley es muy clara al describir los principios que todo servidor público debe observar como la honradez, probidad, etc.. De la misma forma establece que si algún funcionario tiene interés en un determinado juicio deberá abstenerse de conocer y excusarse por la investidura que ostenta, situación que Leticia Caballero no ha hecho y que la presidenta del TSJE Elsa Cordero Martínez ha solapado con su silencio cómplice.
Otro ejemplo es el que se presenta en la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde nadie se explica porque el gobernador Marco Mena ha tardado tanto tiempo para designar al nuevo Subprocurador.
Ahora que las autoridades estatales han mostrado una preocupación por la violencia que sufren las mujeres, valdría la pena que el mandatario hiciera válida la renuncia que hace unos días presentó el Subprocurador Víctor Pérez Dorantes, porque varios ministerios públicos y empleadas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado ya no soportan la manos inquietas de ese influyente funcionario marianista.
De acuerdo con la queja que existe en poder de este reportero, las trabajadoras tiene pánico de ingresar por las tardes a la oficina de Pérez Dorantes, pues a parte de que se le ve disfrutando de películas subidas de tono, al funcionario le da por soltar nalgadas una vez que trato el asunto.
Aunque esa conducta cuadra en un asunto de acoso, lo cierto es que las trabajadoras tienen temor de presentar la queja o la denuncia porque saben que no prosperará.
El Subprocurador también es muy dado a presumir a sus protegidos como los ministerios publicos de Secuestros, Roberto Gustavo, Raúl Platas, y a los agentes Eduardo Medina y Oscar Jorge.
A Raúl Platas lo quitó de las oficinas de Calpulalpan y lo acercó más a él y con Oscar Jorge le encanta sostener intercambios de mensajes.
Otro de los excesos de ese marianista es que tiene trabajando a su sobrina en San Pablo del Monte, donde dicen que cobra como agente del ministerio público. Como se siente protegida es muy dada a mostrar su prepotencia con las personas que acuden a denunciar cualquier delito.
Lo mismo ocurre con otra de las consentidas de Víctor Pérez y que despacha en la mesa de detenidos región norte, lugar en que los agentes del ministerio público tardan hasta seis horas en atender a las víctimas.
Una de las responsables de un turno en esa oficina es una tal Elodia Francisca Sotero, quien lo que menos le importa es llevar a cabo su trrabajo. Presume su cercanía con el Subprocurador al grado que se visualiza como la próxima jefa del departamento de investigación del delito región norte con sede en Apizaco.
Y por si fuera poco, se acuerda del agente de la PGJE que a mediados de abril fue detenido en estado de ebriedad y armado luego de intentar asaltar a un taxista de Apizaco, pues le cuento que ese sujeto de nombre Emmanuel N. ya regresó a sus labores normales en la dependencia, lo que demuestra que La Hermandad y el Subprocurador son los que controlan la Procuraduría.
Para seguir con más absurdos, resulta que el ex comisionado Edgar González Romano ex presidente de la Caiptlax busca la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando enfrenta una queja en ese organismo. Su principal impulsor es Abel Rodríguez Hernández cercano colaborador del diputado panista Juan Carlos Sánchez alias «El Saga».
González Romano fue observado por el OFS por presuntos malos manejos que cometió durate su estancia en la presidencia de la Caiptlax, situación que le resta credibilidad para llegar a la CEDH.