Los acusados por algún delito penal ahora son los ciudadanos mejor informados, pues por aquí saben que podrían ser detenidos y de inmediato corren a tramitar un amparo en la justicia federal que impida su encarcelamiento. Esa sincronía hace pensar que existe un gran negocio entre jueces, agentes y delincuentes.
Si hay algo que apesta en Tlaxcala por los niveles escandalosos de corrupción es el sistema de impartición de justicia que involucra al Tribunal Superior de Justicia en el Estado y a la Procuraduía General de Justicia.
Resulta que el cambio de oficinas de los juzgados penales para trasladarse a la pomposa sede de Ciudad Judicial sólo sirvió para acumular expedientes y hacer mas ineficiente que nunca la impartición de justicia, situación que ha sido solapada y tolerada por la magistrada presidenta del TSJE Elsa Cordero Martínez que simplemente busca tapar las cochinadas de ese poder.
En los últimos meses la ejecución de los órdenes de aprehensión que llevan a cabo los elementos de la Policía de Investigación de la PGJE disminuyeron sin que nadie preguntara los motivos.
Sólo al interior del Tribunal Superio de Justicia del Estado se conocen los datos exactos, pero se calcula que cada juzgado penal tiene un rezago de 600 órdenes de apehensión, mismas que están representando un buen negocio para agentes y jueces que encontraron la fórmula para hacer dinero.
Se sabe que hay órdenes que se ejecutan cuando el juez y agentes saben que el delito por el cual se generó ya prescribió, pero aún así la cumplen y sacan un benefico económico.
En otros casos, el personal de los juzgados penales de los distritos judicial de Sánchez Piedras y Guridy y Alcocer pasa información precisa a los acusados para que busquen a los agentes de la Policía de Investigación de la PGJE, quienes a cambio de ejecutar la órden de aprehensión cuyo delito ya prescribió exigen dinero, pues es la única forma legal que tienen para pedir al juez la conclusión de su expediente.
Esas irregularidades ofenden y lastiman a los tlaxcaltecas que no creen en la impartición de justicia. Cuántas personas que fueron acusadas y que eran culpables del delito señalado están quedando libres porque no hubo capacidad o voluntad de ejecutar órdenes de aprehensión.
Ojalá el procurador de Justicia Tito Cervantes Zepada intervenga y frene el negocio que llevan a cabo los agentes de su dependencia, porque resulta iluso imaginar que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia hará algo cuando ella forma parte de esa cadena de corruptelas que día a día se cometen en ese poder.
Conforme pasan los días se percibe cada vez más que en Tlaxcala existe continuidad y continuismo, ya que el cambio de funcionarios no ha implicado ninguna transformación relevante o significativa en la conducción del gobierno del estado, porque las cosas siguen igual y con la misma inercia que dejó el ex mandatario Mariano González Zarur.
Si esa percepción se mantiene, el bono democrático del nuevo gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez se agotará en las próximas semanas y empezarán los reclamos de los tlaxcaltecas que poco a poco van midiendo a las autoridades.