Si la administración estatal no tuviese los gastos que presenta, en este momento dispondría de efectivo para superar problemas como el de Pensiones Civiles.
La mira marianista apunta al desconocimiento del compromiso con pensionados y jubilados: ”no habrá más dinero tirado al caño…”
La administración pretende sustraerse a uno de los grandes retos del sexenio: buscar y lograr el equilibrio ante el derecho laboral de quienes –en su mayoría- trabajaron treinta años o, cumplieron 53 en el servicio público.
Es una medida cruel a través de la cual trata de venderse la idea de un gobierno ajeno, por ejemplo a la decisión del gobernador priísta José Antonio Álvarez Lima, de duplicar al número de pensionados, según lo planteó el titular de Pensiones Civiles de Tlaxcala (PCT) Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, ante directivos de medios de comunicación.
Si mediase la honestidad en esta postura, sobre todo los cinco sindicatos perjudicados, se mantendrían pasivos al buen juicio de un gobierno que ha destapado la cloaca.
Estos momentos de apremio agolpan sin embargo, los derroches que, uno a uno conforman la política de gasto bajo el régimen de ocurrencias. No habría en el mundo una tesorería capaz de soportar las mermas no planeadas al presupuesto, que se dan según el ánimo de la voluntad superior ante cuyas órdenes no es posible rebatimiento alguno.
Antes de declarar la quiebra en PCT habría que aclarar, por ejemplo la presunta disposición de casi cincuenta millones de pesos, constantes y sonantes para capitalizar un proyecto personal en manos de un funcionario que, de la modestia de su origen ha pasado a encabezar a un pródigo grupo con apellidos europeos, admirado por cierto por la generosa e inagotable fuente de dinero, sin que exista de por medio un compromiso con el Estado.
Sólo en Tlaxcala se tiene registro de la pérdida gubernamental de una propiedad en pleno centro de la capital, a espaldas del Teatro Xicohtencatl, para beneficiar a un particular.
En una etapa boyante, costosos viajes al extranjero y, hasta importantes gratificaciones a empresarios para declarar, “inminentes inversiones” que acaban por ser un cuento, son el contraste de la declarada política de austeridad, como una despiadada forma de recortes masivos de personal.
Y gracias a ese ejercicio de apretar el cinturón del gobierno, se ha dado paso a un desempleo como no se tenía registro.
Pero existía la oferta de ahorrar mucho dinero para detonar el despegue económico de la entidad.
Bueno, ha transcurrido más de la cuarta parte de esta administración y el estado de bienestar sigue siendo el gran pendiente.
Por eso, cuando se anuncia la declaratoria de quiebra al sistema de pensiones, uno no se explica bajo qué criterios se organizan, por ejemplo, maravillosos conciertos de ópera, a la cuenta de trabajadores y empleados de gobierno, pero un rotundo fracaso en cuanto a convocatoria, al grado que fueron abiertas de par en par las puertas del gran foro, en cuya promoción se gastó una fortuna.
Conste que el hoy gobernador validó el sistema de pensiones cuando fungía como tesorero del estado.
Hoy, cuando a la cartera del estado se le ha dañado irreversiblemente, no hay de dónde disponer de efectivo para afrontar un verdadero dolor de cabeza, como lo es la falta de un fondo de pensiones, suficiente porque lo merece la mayoría de los pensionados y, urgente de dejar fuera a quienes por años han medrado a costa de esa caja de ahorro de los sindicatos fundada en 1973, y desde entonces operada por el gobierno del estado.
Si cotidianamente no se tomara dinero para pagar a ex presidentes del CEN del PRI, en su calidad de brillantes asesores (150 mil por piocha, al menos a cuatro de ellos), si no existiera una doble contabilidad, para cubrir los ingresos de funcionarios y al mismo tiempo pagar a despachos jurídicos que apuntalan la interminable ira marianista contra todo lo que huela a su antecesor Héctor Ortiz, habría la certeza de un ejercicio derecho de la riqueza.
Si el anterior fue el sexenio de los excesos, este no para de agrandar el trecho entre un puñado de beneficiarios por las novedosas ocurrencias de un ser con poder de decisión sobre la chequera.
Así que, renunciar a su responsabilidad histórica de solucionar la crisis en Pensiones Civiles, es a estas alturas imposible.
Si 187 pensionados irregulares son la causa de este caos, no debe haber duda de emprender contra ellos las medidas legales correspondientes.
Pero a la enorme mayoría, muchos de los cuales reciben seiscientos pesos mensuales, no tiene porqué validar el comportamiento de una autoridad dispareja, cuyos pendientes de aclarar cada vez son más.
El fenómeno de la trata
La vía corta Chiautempan-Puebla revierte una complejidad única y no va a alejarse del ejercicio de la prostitución porque una procuradora haga declaraciones.
Tiene que atenderse el fondo.
Enviar a los “polecías chimuelos y panzones” a solucionar el problema de la trata, es apostar por el hundimiento del estado en un pantano cuyo origen obliga a la autoridad a hacer un verdadero análisis. No a limitarse a abrir la boca cuando se sabe que nada ha cambiado.
Hoy, las trabajadoras sexuales modificaron sus estrategias. Se les ve aguardando pacientemente la oportunidad en esquinas como la conformada por el bulevar Santana Tlaxcala y la vía corta, justo donde se encuentra Macdonal’s.
Se les localiza a través de números telefónicos anunciados temerariamente en diarios de gran circulación. En fin, es un problema para someterlo a la acostumbrada sesión de foros, tan socorridos en esta administración.