Seguramente el valemadrismo que han mostrado varios presidentes municipales para certificar a sus policías y reforzar las acciones de seguridad en sus poblaciones tendrá consecuencias, pues tendrán que asumir su responsabilidad en esos hechos que obviamente terminan afectando la imagen del gobierno del estado en la percepción que se genera sobre la inseguridad.
En este año el gobierno del estado dio todas las facilidades para que los policías municipales lograran su acreditación, pues la falta de ese documento derivó en una observación e irregularidad documentada por el Órgano de Fiscalización Superior que solicitó el despedido de esos elementos y el reintegro de los fondos públicos que se destinaron para pagar sus salarios, ya que conforme a la ley los alcaldes tlaxcaltecas no debieron cubrir los sueldos a un personal que no está autorizado para llevar a cabo labores de seguridad.
Si bien Tlaxcala logró un avance importante en la certificación (casi del 50 por ciento), la realidad es que hay un número importante de policías municipales que siguen laborando pese a no contar con el aval de la Comisión Estatal de Seguridad a cargo de Max Hernández Pulido, situación que en las siguientes semanas tendrá implicaciones para los ediles y sus administraciones.
Lo anterior explicaría las razones por las cuáles policías de Tlaltelulco fueron exhibidos en estado de ebriedad y uniformados luego de provocar un accidente vial en el municipio de Chiautempan, sin que el mediocre alcalde Marco Antonio Pluma Morales tomara medidas correctivas contra esos pésimos uniformados, como sucedió con elementos de la policía capitalina que hicieron hace unos días lo mismo pero que el edil Jorge Corichi Fragoso no toleró, porque de inmediato cesó al director de la corporación e inició los procedimientos para dar de baja a otros policías que estuvieron envueltos en el escándalo.
Hay evidencias que demuestran claramente cómo a los presidentes municipales el problema de la seguridad no les ha importado, ya que han optado por dejar toda la responsabilidad de esa labor al gobierno del estado.
Por ejemplo, ayer nuevamente se generó preocupación entre la población de la zona de Ixtenco y Huamantla, cuando se confirmó que fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino al interior de un vehículo.
Los hechos se registraron a un costado de la autopista Amozoc-Perote en el kilómetro 25. El cadáver presentaba signos de violencia y estaba envuelto en una cobija a bordo de un automóvil Jetta con franjas rojas y placas de circulación S64-AHK.
El cuerpo de la persona asesinada que hasta anoche estaba en calidad de desconocido se encontró en el municipio de Ixtenco que está gobernado por el ineficiente alcalde Renato Sánchez Rojas.
De acuerdo con la información disponible, en Ixtenco durante el último año se ha triplicado la venta de drogas y el robo de casas habitación, siendo los probables responsables delincuentes juveniles que estarían vinculados con una célula de colombianos que ya está operando en esa población.
Lo que llama la atención y que obviamente resulta raro, es que antes de que iniciara la administración de Renato Sánchez en Ixtenco no había delincuencia o al menos no se reportaba ninguno de los hechos de los que hoy se habla.
La lista de casos y ejemplos es muy larga, pero con lo que se han descrito se puede dar uno cuenta que los policías municipales están lejos de contribuir a las acciones para mejorar la seguridad y que a los alcaldes ese tema y problema sencillamente no les interesa ni es su prioridad.
Las consecuencias de su negligencia y evidente omisión se verán en las próximas semanas o meses.
Al tiempo.
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