Si bien el semáforo de riesgo epidemiológico se ha convertido en una vacilada porque simplemente no refleja la realidad ni representa una guía seria para tratar de contener y enfrentar los contagios de Covid-19, las autoridades sanitarias de Tlaxcala encabezadas por el gris secretario de Salud, René Lima Morales, deberían mostrar mayor firmeza y asumir su responsabilidad ante el aumento de casos y fallecidos, porque no se vale que culpen a la población de la alta movilidad y de no tener una cultura de prevención.
El confinamiento social iniciado en Tlaxcala desde el pasado 16 de marzo al parecer no sirvió de nada. Es la fecha que nadie sabe cuándo se tendrá el pico de contagios o si éste ya paso o está por venir, porque la proyecciones tanto del gobierno estatal a cargo del labioso Lima Morales y de la administración federal bajo la responsabilidad de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han fallado rotundamente.
Hoy la desconfianza hacia las autoridades encargadas de enfrentar la pandemia va en aumento y sus datos sobre el número de contagios y personas muertas por el virus va en aumento, debido a que muy poco creen que en Tlaxcala se tengan acumulados hasta el día de ayer un total de 4 mil 347 casos positivos y 650 decesos, cuando es alarmante el número de personas que muestra los síntomas de esa enfermedad y decide atenderse con médicos particulares a fin de evitar los hospitales covid y a los doctores del sector público.
Los muertos que reporta la Secretaría de Salud de la entidad no checan con los movimientos que registran las autoridades encargadas de expedir las actas de defunción, situación que hace pensar que efectivamente las cifras oficiales de la pandemia están manipuladas en Tlaxcala.
Ayer, el coordinador de Acción Nacional en el Senado, Mauricio Kuri González, acusó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de maquillar las cifras nacionales en torno al Covid-19.
«Nosotros hemos pedido información y hemos visto que por lo menos hay 130 mil muertos en el país debido al coronavirus y no los 44 mil que dicen», afirmó el panista en una entrevista en el Senado.
En Tlaxcala la información y el actuar de las autoridades sanitarias es contradictorio, pues mientras por un lado aseguran que existe capacidad hospitalaria por otro no explica las razones por las cuáles varios enfermos tlaxcaltecas de Covid-19 han sido trasladados a nosocomios de la Ciudad de México para ser atendidos.
Si el torpe secretario de Salud reconoce la falta de prevención entre los tlaxcaltecas y que el 70 por ciento de los contagios se da en el transporte público y en sitios de alta concurrencia de personas, entonces por qué no asume decisiones para tratar de contrarrestar ese situación, ya que culpando a los ciudadanos de su alta movilidad no va a detener la propagación de ese mortal virus.
Van casi cuatro meses y medio de la actual emergencia sanitaria y nadie sabe cuánto ha costado. Valdría la pena que Lima Morales dedicara unos minutos para dar detalles de cómo ha ejercido los 50 millones de pesos del Fondo de Emergencia contra Covid-19 que se destinaron para adquirir suministros y equipos de bioseguridad para el personal médico, así como para el mantenimiento, capacitación y reconversión de hospitales.
Los tlaxcaltecas merecen conocer cómo se ha utilizado el Fondo de Apoyo Temporal para personas contagiadas de Covid-19 al que se le autorizó un presupuesto de 10 millones de pesos, sobre todo porque desde esta semana el gobierno del estado dejó de entregar los 7,500 pesos a las familias que perdieron a un miembro por esa enfermedad bajo el argumento de que el dinero se agotó.
El secretario de Salud lejos de andar justificando el inadecuado manejo de la pandemia en Tlaxcala y de buscar culpables sobre el incremento de los contagios de coronavirus, debería asumir decisiones inteligentes y reconocer que fue un error pasar al color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, toda vez que los infectados lejos de disminuir aumentarán en los próximos días por la irresponsabilidad no sólo de los ciudadanos, sino de las autoridades que son altamente permisivas.
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