El procedimiento legislativo para determinar si el presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, será sometido o no a un juicio político por presuntas anomalías cometidas en su administración avanza sin contratiempos, donde es evidente que el juego de estrategias de las partes involucradas es intenso y calculado, por lo que tendrán que pasar una semanas más para conocer el desenlace.
La Comisión Especial que atiende el caso de Huamantla y que es presidida por el legislador del PT, Víctor Castro López, ha optado por cumplir con el procedimiento sin cargar los dados para uno u otro lado, situación que le está resultando positiva porque el informe que presente a la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado será una pieza clave para decidir si el edil de extracción priista es juzgado o exonerado.
La parte acusadora no sólo ratificó sus señalamientos sino que aportó pruebas y más documentos. De las más de 70 sesiones de Cabildo que por ley debieron realizarse desde el inicio de la actual administración municipal hasta diciembre pasado, solamente existe registro de 20 de ellas.
También se habla de anomalías relacionadas con facturas, sobreprecios y falsificación de firmas, elementos que se habrían detectado durante las revisiones que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.
Trascendió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos notificó la existencia de 4 o 5 quejas presentadas contra Sánchez Jasso y se especula que el edil huamantleco enfrenta también dos demandas por incumplimiento de contrato, mismas que son llevadas en juzgados tlaxcaltecas.
Si Jorge Sánchez enfrenta denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado aún no se sabe, pues aunque la información fue solicitada es la hora que el ocupado y “académico” responsable de esa dependencia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, no había atendido el pedimento del Congreso del Estado.
El presidente municipal de Huamantla compareció ayer ante la Comisión Especial y llegó acompañado del abogado marrullero y triquiñuela s Orlando Santacruz Carreño. Sólo pidió copias del expediente y no aportó ningún elemento o documento para su defensa, pues en una entrevista posterior dejó entrever que las pruebas para desvirtuar los hechos de que le acusan serán exhibidas en su momento, es decir, ante la Comisión Instructora de Juicio Político del Poder Legislativo.
Sánchez Jasso sabe que la Comisión Especial sólo elabora un informe y éste es remitido a otra comisión legislativa que finalmente abre un nuevo expediente con miras a elaborar un dictamen que determinará si hay elementos o no para llevar a cabo el juicio político, momento procesal que utilizará el alcalde para defenderse y evitar una sanción por parte de los diputados locales.
Si la legalidad y el manejo adecuados de los recursos públicos en Huamantla es una realidad, entonces el edil no debe preocuparse, porque al final esos señalamientos son insostenibles, pero si hay anomalías administrativas y jurídicas quizá deba inquietarse porque los diputados locales si quieren dar un mensaje de que si están dispuestos a castigar la corrupción en Tlaxcala.
Hasta ahora las versiones se encuentran divididas al interior del Congreso del Estado, pues mientras hay un bloque de legisladores que considera viable y positivo someter a juicio político al edil de Huamantla, otro grupo no ve con buenos ojos realizar y concretar ese procedimiento porque considerar que se puede generar inestabilidad en los municipios, de ahí que en las próximas semanas se verá si optan por una decisión legal o una política sobre ese caso que ya acaparó la atención de los tlaxcaltecas.
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