Un grupo de ocho diputados locales que aún no asimila que su fuerza y poder se les fue hace unos semanas por el drenaje del Congreso del Estado, tuvo que aceptar la decisión de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y enfrentar una sanción que les provocó gran molestia cuando se enteraron que recibirán un descuento del 50 por ciento de su dieta de la segunda quincena de julio por no asistir a la sesión extraordinaria a la que fueron convocados en tiempo y forma.
Los legisladores morenistas Víctor Manuel Báez López, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Patricia Jaramillo García, Jesús Rolando Pérez Saavedra, José María Méndez Salgado se sorprendieron de tal decisión, pero la que de plano hizo un tremendo coraje y berrinche fue la voraz y rapaz coordinadora de la bancada del PT Irma Garay Loredo, porque puede soportar muchas cosas, pero no que se metan con su dinero que le gusta acumular junto con su padre el también legislador federal y líder de ese partido, Silvano Garay Ulloa.
Los otros legisladores que andaban insoportables tras enterarse de la determinación de los integrantes del mencionado órgano de gobierno del Congreso del Estado fue el delicado perredistas Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y su intrascendente compañera Laura Yamili Flores Lozano.
La decisión de esos diputados de no asistir a la sesión extraordinaria convocada para analizar la destitución de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, les salió muy caro no sólo en lo económico, sino políticamente hablando porque evidenciaron que lo suyo es la conveniencia y no la legalidad y el estado de derecho.
Esos ocho diputados que se dice anduvieron hace unos días defendiendo las cuentas públicas de algunos presidentes municipales con serios problemas en sus estados financieros del 2018, ya demostraron que carecen de fuerza e influencia para cambiar dictámenes y lo que es peor que la protección que supuestamente ofrecieron es ficticia y que en una de esas sus “amigos alcaldes” podrían ser removidos de sus cargos por las graves anomalías financieras que acumulan, porque ya quedó claro que no existe temor entre algunos legisladores locales para realizar juicios políticos.
Nunca entendieron que la decisión de la mayoría de los diputados locales contaba con el aval del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, ya que los nuevos comisionados Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández responden a los intereses de la actual administración.
Para nadie es un secreto que Didier Fabián López es un incondicional de la influyente Anabel Alvarado Varela, ex secretaria de Gobierno, candidata perdedora de PRI al Senado y actual responsable de la comisión encargado de los festejos de los 500 años del encuentro de dos culturas.
Ese nuevo comisionado nunca practicó la transparencia mientras estuvo como empleado en la Secretaría de Gobierno y menos cuando era el responsable del negocio, perdón de realizar la contratación de todos los servicios requeridos para el festejo del 15 de septiembre por parte de la actual administración estatal y que obviamente dejó una buena utilidad en los últimos años.
Asumen sus cargos nuevos comisionados del IAIP
Aunque los ex comisionados Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín tardaron en ser notificados por parte del Congreso del Estado, la realidad es que una vez cumplido ese requisito los diputados llamaron a los suplentes para que rindieran protesta y de inmediato asumieran su cargo y llevaran a cabo una sesión del pleno del IAIP a fin de amarrar su permanencia, pues ayer mismo se conoció que los ex funcionarios de ese organismo promoverían acciones legales para echar abajo la resolución del Poder Legislativo.
Según ellos, los diputados se excedieron y violaron sus garantías individuales durante el procedimiento que se les aplicó, por lo que se sienten seguros de obtener un fallo favorable que les permita regresar a sus cargos, lo cual parece difícil porque al parecer ya nadie los apoya y su pasado conflictivo les resta credibilidad.
Y ya que hablamos del IAIP le comento que ayer María Teresa Mejía Rodríguez se comunicó con este reportero para deslindarse de cualquier anomalía financiera y administrativa que pudiera existir en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por lo que solicitó que no se le ligara con ningún ex comisionado y menos que se dejara entre ver que era voraz como aquí se mencionó, porque su labor en el organismo se centra exclusivamente en el aspecto contable, de ahí que ella no tiene nada que ver con la administración o manejo de los recursos públicos. Hasta aquí la precisión y la aclaración.
Post Views: 17