Desde hace seis meses en que José Antonio Aquiahuatl Sánchez asumió el control de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) sus resultados han sido nulos e inexistentes, pero no así los escándalos y excesos de los agentes de esa dependencia que en repetidas ocasiones han estado involucrados en conductas ilegales que, curiosamente, son solapadas y protegidas por ese tenebroso funcionario.
La mejor prueba de lo anterior tiene que ver con la difusión de comunicado oficial de la PGJE en torno a un procedimiento contra un elemento de la Policía de Investigación que presuntamente está involucrado en malas prácticas en el estado de Puebla.
Según el boletín, tal medida se desprendió luego que “el 22 de enero en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, Luis N., fue asegurado por su presunta participación en el delito de extorsión.
Por ello, de acuerdo a la normatividad de control interno de la dependencia, la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos inició un procedimiento en contra del oficial, con el propósito de investigar la conducta desplegada por el elemento en activo.
De esta forma, la Procuraduría de Tlaxcala ratifica su compromiso de no tolerar malas conductas en los servidores públicos y depurar al personal que trabaja en las dependencias, a efecto de mantener la confianza de la sociedad en sus instituciones”.
La verdad a medias del comunicado y lo que no dice el procurador, es que ese agente con cargo de comandante estaba llevando a cabo una extorsión a un presunto huachicolero del municipio vecino del estado de Puebla, a quien le estaban exigiendo la cantidad de 1.5 millones de pesos para dejarlo en libertad.
Se dice que el agente de la PGJE llevaba a cabo ese ilícito en compañía de otros tres policías investigadores de Tlaxcala que responderían a los nombres de Pedro Ardavín, Pilar Portilla y José Alfredo Reyna, quienes en el operativo que realizó la Policía Municipal de San Martín Texmelucan lograron darse a la fuga y dejar a su amigo que no pudo evadirse.
En el momento en que fue asegurado el comandante Luis N. también se detuvo un vehículo oficial de la PGJE, es decir, un Jetta Clásico color negro propiedad del gobierno del estado.
Los agentes que acompañaban al comandante no se han presentado a laborar en la PGJE y trascendió que hubo un intento por ayudar a Luis N. y su grupo con un oficio de colaboración que se pretendió crear, pero que a la mera hora ya no se elaboró porque estaba más que comprometido ese asunto.
Ese grupo de agentes era el de mayor confianza y cercanía del gris procurador José Antonio Aquiahuatl, quien según dicen estaría enterado de todos los movimientos y acciones de sus subordinados.
Esos policías de investigación de la PGJE que integran el grupo conocido como “La Nueva Hermandad” son de cuidado y no es la primera vez que se ven involucrados en actividades ilegales.
En agosto del año pasado se conoció que Marcos N. otro miembro de ese grupo fue detenido para enfrentar a la justicia en el vecino estado de Puebla por el delito de trata de personas (http://archivo.e-consulta.com/blogs/senoriotlaxcalteca/?tag=pri&paged=9 ).
Ese agente tlaxcalteca de la PGJE fue acusado de obligar a una mujer a ofrecer servicios sexuales desde marzo del 2016 hasta agosto del 2018. Sobra esta decir que sus compañeros se movieron con lana y el mejor abogado para tratar de liberarlo.
El hoy procurador de Justicia en Tlaxcala sabe que esos agentes cargan una larga lista de abusos y excesos. A finales del 2016 también fueron detenidos en Puebla en un operativo donde les fueron encontradas armas largas y cortas a bordo de un lujoso Camaro, acción que fue aprovechada por Aquiahuatl Sánchez para golpear y desacreditar el trabajo de su jefe Tito Cervantes Zepeda con la entonces secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela.
Es una realidad que el nefasto procurador no puede detener a ningún responsable de los dos linchamientos registrados en Tlaxcala y que tampoco tiene la capacidad para esclarecer los múltiples homicidios violentos de los últimos meses, mucho menos tiene la intención o voluntad de proceder contra ex funcionarios como la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez que enfrenta acusaciones de tortura y ni se diga de que vaya a integrar las carpetas de investigación que hay contra varios ex alcaldes señalados de haber malversado millones de pesos de recursos públicos.
El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez debería pensar muy serio en llevar a cabo otro cambio de procurador, porque el que está resultó un fiasco y una enorme decepción.
Otra decepción.
Una diputada que resultó un gran chasco es María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, encargada de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, quien a leguas se ve que no puede con esa responsabilidad no sólo porque sus neuronas no pueden procesar y entender toda la información que recibe y maneja, sino porque su falta de tacto político le ha llevado a cometer graves errores que ponen en evidencia su abundante improvisación.
Ya fracasó en su intento por hacer que las cuentas públicas de los ayuntamientos y entes fiscalizables se presentaran mensualmente y no cada trimestre como sucede en la actualidad. Sus propuestas en la comisión que preside regularmente siempre son rechazadas porque carecen de lógica o sentido y su actitud de quitar dinero aquí para ponerlo allá ahora que realiza la revisión del presupuesto de egresos confirma su enorme novatez y que fue un error haberle entregado la Comisión de Fiscalización y Finanzas.
La legisladora quiere pero no puede con la responsabilidad. Ojalá que sus compañeros se apiaden de ella y la pongan en otra comisión donde si pueda hacer algo bien, porque ante su incapacidad no se sabe cuándo se podrá sacar el presupuesto de egresos que a todos tiene paralizados aunque se diga que no.