Un grave problema de credibilidad es el que cargan los diputados locales y específicamente los que integran el bloque mayoritario que controla el Congreso del Estado integrado por Morena, el PT y el PES, pues si bien aplicaron medidas de austeridad y recortes en el gasto para el presupuesto de egresos de este año, la realidad es que ellos decidieron conservar sus privilegios y violentar la norma al querer manejar recursos para obras públicas.
Los legisladores están faltando a su palabra en el sentido de bajarse el salario y reducir el costo tan oneroso que representa tener un Poder Legislativo en Tlaxcala que resulta ser muy caro en relación a la labor que llevan a cabo.
Algo de lo que no se ha hablado, es que los diputados conservaron la partida de 300 mil pesos para cada uno de ellos, la cual suele asignarse al inicio de la legislatura para que los representantes populares adquieran un vehículo nuevo que les permita realizar sus actividades durante su periodo, sin embargo al finalizar su labor como legisladores no reintegran esa unidad porque se la llevan como si la hubieran comprado con su dinero.
Tampoco recortaron las partidas que reciben para gasolina y otros gastos que sumados implican cantidades importantes de recursos públicos. Y en cambio sí conformaron una bolsa de 40 millones de pesos para apoyos sociales que reparten los diputados locales.
Nadie se explica cómo es posible que el Poder Legislativo disponga más recursos que el Poder Judicial en Tlaxcala, pues es uno de los pocos estados del país donde prevalece esa incongruencia que hace pensar que los diputados locales gozan de ciertos privilegios.
Fue en el periodo de gobierno priista de Beatriz Paredes Rangel cuando el presupuesto del Congreso del Estado sufrió un incremento importante, lo cual dio la pauta para empezar a corromper y consentir a los políticos tlaxcaltecas que llegaban a despachar a las oficinas de la calle Allende.
La entonces gobernadora ordenó que el recurso para construir la nueva sede del Poder Legislativo se incluyera en el presupuesto del Congreso del año 1998 o 1989. Una vez terminada la obra e inaugurado el nuevo edificio, los diputados recibieron al año siguiente de esos trabajos la misma cantidad en su presupuesto, con la diferencia que ya no necesitaban esa cantidad para financiar más obra, de ahí que los representantes populares empezaron a consentirse con esos recursos públicos.
Hace más de dos años se aprobó la reducción de 32 a 25 el número de diputados locales con el argumento de lograr ahorros, pero es la fecha que nadie visualiza los beneficios de haber concretado la disminución de legisladores porque el presupuesto del Congreso se ha mantenido igual a cuando cobraban 32 legisladores.
El Poder Legislativo pretende disponer para este año de 307 millones 504 mil 800 pesos, de los cuales 235 millones 144 mil 800 pesos serán para el Congreso del Estado (con 25 diputados, poco más de 100 empleados y una sede) y 72 millones 360 mil pesos para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), cuando el Poder Judicial ejercerá 290 millones de pesos que incluyen los recursos para el Tribunal de Justicia Administrativa que se encargará de atender los casos del Sistema Estatal Anticorrupción. El número de sedes y de personal del TSJE (más de 600 trabajadores) , así como los gastos de papelería y otros son por mucho superiores a los que realizan los diputados .
La intención de los diputados de crear un fondo de 250 millones de pesos para obras que serán asignados a los municipios es buena porque la ausencia de la misma en los dos últimos años ha sido evidente, lo malo es que esa partida la pretenden manejar ellos mismos lo que al parecer estaría violando la Constitución porque esa facultad sale del ámbito de sus atribuciones y porque ha abierto la puerta a acusaciones de presunto cobro de moches.
Si los diputados quieren salir airosos de este conflicto que sostienen con el Poder Ejecutivo, están obligados a revisar su presupuesto y realizar ajustes y ahorros, porque de lo contrario las acciones emprendidas para exigir austeridad a los otros poderes, a los municipios y a los organismos públicos descentralizados serán interpretadas como meros actos de revanchismo político.
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