Cuántos errores más tendrán que cometerse para que los dueños de Morena y los impulsores de la cuarta transformación del país opten por cambiar al ladino Víctor Manuel Baéz López como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso, pues es evidente su falta de liderazgo y operación política.
Hace unos días le adelantaba que los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PES estaban por hacer el ridículo una vez que su reforma constitucional para cambiar los tiempos de la presentación de las cuentas públicas fuera rechazada por la mayoría de los presidentes municipales de la entidad, quienes fueron sonsacados por la operación que llevó a cabo José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno.
El cambio constitucional que los legisladores aprobaron hace unas semanas a propuesta de María del Rayo Netzahuatl Hilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura local, quien por cierto se plagió la idea de otro diputado, buscaba que los alcaldes y los responsables de todos los entes fiscalizables presentaran la comprobación de sus gastos y de los recursos públicos que dispusieran de forma mensual y no cada tres meses como sucede en la actualidad.
Sin realizar alguna operación política, Netzahuatl Hilhuicatzi alentada por el morenista-priista Víctor Manuel Báez y el líder estatal de Morena, Joel Molina Ramírez, decidieron sacar y aprobar esa reforma que para su mala suerte no se hará efectiva una vez que al menos 41 alcaldes juntos con sus Cabildos ya se negaron a aceptar el cambio.
Aunque parezca increíble, los diputados locales fueron exhibidos por los ediles y el gobierno del estado que sin tener mayoría en el Poder Legislativo frenaron sin ningún contratiempo una iniciativa de la cuarta transformación.
Hasta cuando se solapará la omisión
Cuántos hechos violentos más como el registrado en Hueyotlipan tendrán que pasar en el estado para que el procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, decida hacer su trabajo y proceda a castigar a los responsables de esos actos, porque su omisión al igual que la de los elementos de la policía municipal y estatal es insultante, al grado que también deberían ser sancionados por no intervenir y sólo fungir como meros espectadores de ciertos comportamientos ilegales.
No es la primera vez que los habitantes del estado deciden hacer justicia por su propia mano ante la ineficiencia de las autoridades para garantizar el orden y la seguridad, sin embargo esas conductas no pueden estar repitiéndose sin que haya alguna consecuencia legal, de ahí que Aquiahuatl Sánchez debe hacer su trabajo o renunciar si es que no puede o no quiere aplicar el estado de derecho en Tlaxcala.
Los niveles de violencia en la entidad siguen escalando posiciones mientras que cada vez es más evidente la omisión de las autoridades estatales y municipales, situación que no es nada alentador porque pareciera que en Tlaxcala se pretende promover la ley de la selva ante un debilitado gobierno estatal.
Las grillas intestinas
Los asesores del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que suelen lanzar sus intrigas y grillas desde la parte trasera del oído del hombre que hoy detenta el poder en Tlaxcala quizá no midieron el impacto de su veneno en torno a la salida de Luis Vargas González de la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), porque podrían abrir un frente innecesario al mandatario que al final saldrá golpeando en su imagen.
Lejos de optar por un comunicado oficial, el gobierno del estado filtró el supuesto despido del funcionario a quien ahora se le pretende de acusar de malos manejos financieros en el Cecyte y en el Sistema Estatal para la Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), lo cual carece de sustento porque en la primera institución nunca se concretó la entrega recepción y en la segunda dependencia las finanzas están en orden y los resultados del trabajo realizado a la vista de todos para ser evaluado.
Dicen que la versión de que Luis Vargas fue cesado podría caerse en los próximos días porque los asesores omitieron que su jefe suele tener conversaciones a través del WhatsApp con sus funcionarios, de ahí que no se descarta que exista una con el hoy ex servidor público que demuestre que renunció y no que lo despidieron como se busca hacer creer a la opinión pública.
El caso de Luis Vargas podría destapar varias cloacas, por lo que hay que ver a quién salpica la caca.
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