Los futuros diputados locales muy pronto estarán en condiciones de demostrar que tan comprometidos estarán con el combate a la corrupción en Tlaxcala, pues en breve conocerán los excesos de los legisladores salientes que lejos de sancionar los abusos de alcaldes, funcionarios estatales y autoridades universitarias se dedicaron a tapar las anomalías financieras que pronto se harán públicas.
Nadie en su sano juicio podrá cubrir la rapiña en que incurrieron algunos diputados locales durante el proceso de aprobación de las cuentas públicas del 2017 de los diferentes entes fiscalizables.
Los nuevos legisladores difícilmente no podrán percibir el hedor que sale de algunos dictámenes aprobados, mismos que por el bien de los nuevos representantes populares estarán obligados a analizar y reabrir esos expedientes antes de que la corrupción los salpique y los ubique como protectores de sus antecesores.
El discurso de campaña de los candidatos de Morena hoy convertidos en legisladores electos de combatir la corrupción y la impunidad enfrentará su prueba de fuego en Tlaxcala, ya que si realmente son diferentes deberán revisar el desaseado trabajo que llevaron a cabo los diputados salientes en la aprobación de las cuentas públicas que no debieron tener el aval del pleno.
Sólo necesitan ingresar al siguiente link http://ofstlaxcala.gob.mx/INFORMES%202107
donde se encuentran los informes originales de los resultados de revisión y fiscalización del 2017 que elaboró el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y compararlos con los dictámenes aprobados por los diputados para ubicar las notables diferencias e inconsistencias que existen.
Cuentas públicas reprobadas en los informes originales del OFS por tener observaciones millonarias fueron “arregladas” con la ayuda de diputados panistas como Guadalupe Sánchez Santiago y Juan Carlos Sánchez García.
El encargado de la operación limpieza y presunta venta de protección e impunidad fue el diputado perredista Alberto Amaro Corona, quien como presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Estado se dedicó a recibir documentos de los entes fiscalizables para supuestamente solventar las observaciones millonarias, lo cual se hizo sin cumplir con los criterios legales y contables establecidos, de ahí que esos procedimientos al vapor son tan endebles que no resistirán una revisión.
Aunque se crea que las graves anomalías financieras detectadas en las cuentas públicas de los ayuntamientos de Calpulalpan, Zacatelco, Apizaco, Panotla, Contla y otros que estaban reprobadas ya desaparecieron, así como las de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Secretaría de Salud, en realidad siguen vigentes pese a que el dictamen final avalado por los legisladores salientes diga que fueron solventadas.
Los que tenían sus cuentas públicas reprobadas y al final lograron un dictamen favorable deberían leer bien el documento que recibieron antes de cantar victoria, pues en un apartado se deja bien claro que tal acto jurídico no solventa, modifica o anula las observaciones del OFS, las cuales se mantendrán y podrán derivar en procedimientos legales en caso de no ser atendidas correctamente.
En pocas palabras los estímulos que alcaldes, funcionarios estatales y autoridades universitarias entregaron a los diputados para recibir su ayuda no servirán de nada, toda vez que sus expedientes podrían ser reabiertos y enfrentar el peso de la ley por los excesos y abusos en que han incurrido.
Los nuevos legisladores de Tlaxcala que entrarán en funciones el 1 de septiembre tendrán que demostrar muy pronto su congruencia entre el decir y el hacer, debido a que están obligados a revisar a sus antecesores y poner fin a la impunidad y a la corrupción que prevalece en ayuntamientos, dependencias estatales y universidades.
Ellos dirán si son diferentes o son iguales o peores a los que se van.
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