Antes de que los casos se sigan acumulando, así como el número de cadáveres, es necesario que el procurador de Justicia en el estado, José Aarón Pérez Carro, empiece a dar resultados porque la percepción entre los tlaxcaltecas es que no hay capacidad para enfrentar y detener a los delincuentes que operan en Tlaxcala.
Cuando Pérez Carro asumió a finales de febrero de este año el control de la Procuraduría el proceso de descomposición de la seguridad en la entidad ya estaba avanzado, pues las ejecuciones y la aparición de cadáveres dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una constante.
El ex funcionario de la PGR se encontró con un enorme rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y una dependencia desmantelada y sin recursos humanos y técnicos suficientes para enfrentar los retos de cada día.
Resultan preocupantes los indicadores sobre el número de asaltos cometidos a camiones de carga en carreteras de la entidad, el elevado robo de automóviles y de autopartes, así como el incremento de todos los delitos del fuero común.
Los días pasan y no se ven resultados concretos. La efectividad mostrada para perseguir y detener a la quinceañera golpeadora –con un final trágico- al parecer sólo fue flor de un día, porque no se sabe de otro caso que haya sido tratado con la misma agilidad e interés.
Si bien los pendientes que arrastra la Procuraduría General de Justicia del Estado tienes meses, lo cierto es que Pérez Carro no ha dado ninguna respuesta favorable en el caso de los ejecutados de Nativitas y Apizaco que se cometieron cuando él ya era el nuevo jefe de la dependencia. Tampoco se tiene alguna noticia sobre las bandas que operan en el oriente de la entidad y que se dedican a robar la carga transportada en trenes, mismas que para llevar a cabo sus actos no temen en enfrentarse a balazos con los elementos de la policía.
Pero no sólo en los anteriores asuntos la Procuraduría se ha mostrado negligente, sino en otros donde se observa una complicidad institucional para no castigar ciertas conductas e ilícitos. De las denuncias presentadas contra los ex alcaldes acusados de malversar recursos públicos ya nadie se acuerda, así como tampoco del enfrentamiento violento registrado a mediados de marzo en el municipio de Ixtenco que dejó varias personas lesionadas y severos daños materiales a más de cinco patrullas.
Los ciudadanos no quieren escuchar excusas de las autoridades encargadas de la seguridad. De nada sirve declarar que Tlaxcala es tiradero de cadáveres y que los delincuentes son foráneos cuando los habitantes perciben que la violencia e inseguridad está desbordada en el estado y que los encargados de esa tarea buscan mil pretextos para justificar su notoria incapacidad.
Y aunque lo nieguen una y otro vez las autoridades, en una realidad que el crimen organizado está ganando terreno en Tlaxcala y que las cosas lejos de mejorar irán empeorando por la soberbia que invade a los responsables de la seguridad que hoy se sienten bordados a mano y tocados por dios.
En la entidad no se observa ninguna estrategia de seguridad.
Lo que hay son acuerdos para satisfacer caprichos, como el del diputado perredista Alberto Amaro Corona, quien luego de sufrir hace unos días un asalto violento en su domicilio se propuso la destitución de director de la policía municipal de Papalotla, Cruz Hernández Romero.
Su demanda ya prosperó y Cruz Hernández dejará de ser el director de la policía municipal de Papalotla, pues para su mala suerte no puedo convertirse en mozo, niñero y consejero nocturno del alcalde en turno para amarrar su puesto como sucede en otros ayuntamientos.
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