Pronto veremos que prevalecerá en Tlaxcala si la legalidad o la corrupción, pues el proceso administrativo que inició el ayuntamiento de la capital contra un antro podría sacar a la luz pública la red de empresarios, políticos y funcionarios que permite la operación irregular de ese tipo de negocios que dejan ganancias millonarias.
Cualquier estudiante de derecho que lea la resolución emitida por el magistrado Elías Cortés Roa, encargado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), podría detectar las inconsistencias legales y los excesos que se cometieron para favorecer al dueño del antro “Terraza Garden Bar”, Pedro Weber Suárez.
La instancia encargada de aplicar la ley optó por retirarse la venda de los ojos e inclinar la balanza de la justicia a favor del también ex funcionario marianista, quien desde el fin de semana pasado logró reabrir su lucrativo negocio localizado en Boulevard del Maestro número 2700 en la colonia Xicohténcatl de la capital del estado, el cual fue suspendido el 29 de septiembre por violar diferentes disposiciones administrativas.
Dicen que para que el convenenciero magistrado actuara en tal sentido fue necesario que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Elsa Cordero Martínez, pidiera ese favor a su compañero tras recibir ella la solicitud del influyente diputado priista Mariano González Aguirre.
Pero esa red de complicidades y favores no termina ahí, pues resulta que el abogado defensor de Pedro Weber, hijo del actor Pedro Weber fallecido el 22 de marzo de 2016, es Leonardo Vargas Terrones, quien se desempeñó algunos años como secretario particular del ex presidente del TSJE, Justino Hernández Hernández, es decir, que tuvo trato y conoce al magistrado Elías Cortés, lo que sin duda lo ayudó a obtener la resolución del fallo en el menor tiempo posible.
El antro “Terraza Garden Bar” tiene una licencia de funcionamiento número LF-045/2017 de fecha 22 septiembre del 2017 expedida por la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, la cual sólo autoriza al propietario vender alcohol, sin embargo en la revisión del pasado 29 de septiembre se encontró que el negocio usaba un permiso con dirección en el bulevar Guillermo Valle denominado “Don Miche”, sin que previamente se hubiera hecho el cambio de domicilio ante las autoridades municipales.
Además, se comprobó que la música rebasaba los decibeles permitidos, había sobrecupo y el antro incumplía con el horario de funcionamiento, ya que su autorización establece de 12:00 a 24:00 horas.
Pese a esas irregularidades administrativas, el magistrado Elías Cortés concedió un recurso legal que permitió al dueño de ese negocio reabrir sus puertas, incluso excediéndose en sus atribuciones al ordenar que “las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban, hasta antes de la colocación de sellos”.
Y lo peor es que emplazó al Ayuntamiento de Tlaxcala a través del secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales a que dentro de los próximos cinco días hábiles a partir de la notificación, presente un informe de la suspensión y las pruebas dentro del expediente número 3016/2017.
Ojalá prevalezca la razón jurídica y no los intereses económicos en la resolución final de este caso. Las autoridades estatales ya fueron advertidas que en ese negocio como en otros más que operan en la capital y en otros municipios existe una red de narcomenudeo que cada vez gana mayor presencia e influencia, por lo que no descarte que en breve se hable de hechos violentos ligados a la venta de drogas o disputa de territorios.
Es una lástima que la impartición de justicia en Tlaxcala esté en manos de personajes como Elsa Cordero y Elías Cortés.