Las anomalías financieras cometidas por 16 ex presidentes municipales superan los 100 millones de pesos, cantidad que arrojó el proceso de fiscalización del último trimestre del año pasado. Ojalá sea el primer paso para llamar a cuentas a los ex ediles que sin duda tendrán que enfrentar una acción penal para que sus excesos sean castigados.
Los diputados locales confirmaron ayer lo que era un secreto a voces y que se refiere al exceso y abusos cometidos por dieciséis ex alcaldes tlaxcaltecas cuyas cuentas públicas del último trimestre del 2016 fueron reprobadas por el cúmulo de inconsistencias que tenían, pero especialmente por no justificar o documentar el destino de recursos públicos.
La vergoña de esos ex presidentes municipales no sólo afectará su de por sí deteriorada imagen, sino que golpeará la credibilidad de sus respectivos partidos políticos rumbo a los comicios del 2018.
Aunque hubo algunos intentos de ciertos personajes con peso político para proteger y ayudar a los ex ediles, su influencia no tuvo ningún efecto porque al final el diputado perredista Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, se mantuvo firme y no aceptó ninguna modificación a los dictámenes que fueron presentados ante el pleno.
Lamentable y triste fue la actitud asumida por los panistas que demostraron su doble discurso, pues hicieron hasta lo imposible por salvar a los ex alcaldes Adolfo Escobar Jardínez, Vicente Hernández Roldán y Jorge Rivera Sosa que saquearon, perdón gobernaron Tlaxcala, Calpulalpan y Tlaxco, respectivamente.
La peor vergüenza para el PAN la representa Adolfo Escobar, un soberbio militante de ese partido que dice combatir la corrupción pero que sólo lo hace con palabras. Bajo el amparo del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, el ex alcalde capitalino creció políticamente, así como su apetito por el dinero público.
Escobar Jardínez que hoy en día cobra como asesor en la Cámara de Diputados tuvo un quebranto financiero de 11 millones de pesos, cantidad que se acumula a otros 35 millones de pesos que tiene observados y que están relacionados con algunas obras entre las que se encuentra el polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.
Otro ex edil panista con serios problemas es Vicente Hernández que de nada le sirvió mostrarse servil y sumiso con la poderosa senadora Adriana Dávila Fernández, quien en esta ocasión no pudo lograr que uno de sus principales operadores fuera cubierto por el manto protector de la negociación política a la que le gusta recurrir.
Pero el rey de la transas es sin duda el ex presidente municipal de Santa Ana Chiautempan Antonio Mendoza Romero que a los 150 millones de pesos que ya tiene observados de otras cuentas públicas –la del 2015 y la de enero a septiembre del 2016- ayer sumó otros 32 millones de pesos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del año pasado.
El petista perredista es el que encabeza la lista para enfrentar la justicia y para convertirse en un futuro inquilino del Cereso de Tlaxcala.
Si los diputados ya dieron los primeros pasos para castigar la corrupción, lo prudente será que en los próximos días orden al Órgano de Fiscalización Superior presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado para que se proceda legalmente contra los ex alcaldes.
Es una buena noticia saber que se busca castigar a los ex presidentes municipales, pero a poco en ninguna dependencia estatal van a encontrar anomalías, cuando hoy los nuevos titulares se quejan que ciertos colaboradores de Mariano González Zarur.
El mejor ejemplo es el nefasto Juan Antonio González Necoechea que no se cansa de decir que el anterior titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Willebaldo Herrera Téllez, hizo negocios con la publicación e impresión de libros, desapareció obras de arte y entregó en ruinas esa dependencia.
Ojalá el brasero sea parejo o no.
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