Como si la Constitución local fuese un muégano, hay abogados con cargos dobles que lo mismo son árbitros que ejercen la abogacía, y hasta hacen iniciativas de ley.
Heriberto Gómez Rivera, es un abogado fuera de serie. Funge al mismo tiempo como encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo local y como representante patronal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tlaxcala (TCAET).
La ley lo inhibe de actuar como árbitro y de ejercer la abogacía. Pero él, como decíamos, es un profesionista aparte y, lo demuestra con exhortos, “a continuar trabajando para que el TCAET se consolide en beneficio de los trabajadores”. (http://www.tlaxcala.gob.mx/prensa/boletines/2009/0150.html)
Y conste que es representante patronal.
Considero que no es requisito ser abogado para comprender el contenido del artículo 119 de la Constitución Política de Tlaxcala:
“El Gobernador, Diputados, Magistrados, Representantes del Ministerio Público, Secretario de Gobierno, Secretarios del Ejecutivo, Presidentes Municipales, Jueces y Secretarios del Tribunal y Juzgados, no podrán funcionar como árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino cuando se trate de sus propios derechos, o de su consorte, ascendientes o personas que estén bajo su patria potestad, tutela o dependencia económica”.
El castigo por desafiarlo es muy serio:
“La infracción de este artículo será causa de responsabilidad”.
Esto se llama ambivalencia.
El señor abogado Gómez Rivera, dijo el pasado 22 de abril (http://www.tlaxcala.gob.mx/prensa/boletines/2009/0866.htm) que la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal ofrece asesoría y representación a los hombres del campo, interesados en realizar el juicio de usucapión, que es un modo de adquirir la propiedad por virtud del transcurso del tiempo, mediando la posesión, y con ello, acceder a los beneficios del programa de apoyo federal PROCAMPO, el cual se entrega a las personas que son propietarias de tierras para cultivo.
Un poco antes, el 22 de enero para ser precisos, Gómez Rivera, exaltaba su otra chamba: “Con un trabajo ético, responsable, honrado, legal, profesional, transparente e imparcial, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, celebró este jueves (21 de enero) su primer aniversario, logrando la impartición de la justicia laboral en la entidad y el equilibrio entre los trabajadores de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos de Tlaxcala.
O sea, estamos ante un caso muy particular de funcionario que, lo mismo ejerce la abogacía que actúa como árbitro.
Así que el señor abogado Gómez Rivera, es responsable, según el artículo 119 de nuestra Constitución local, a no ser que en lugar de ser respetuoso de la Ley, se la pase por el arco del triunfo.
Se convirtió en encargado del despacho de la Consejería Jurídica del estado, desde que el director, Orlando Santacruz Carreño, renunció para dedicarse de lleno a su campaña para convertirse en diputado. Y después en líder de los legisladores panistas.
Intuyo que las grandes capacidades son una emulación de los superiores de Gómez Rivera, porque en fecha reciente envió al Congreso iniciativas como la igualdad entre hombres y mujeres.
O sea, la influencia del señor diputado Orlando Santacruz, puede ser indudable en la Consejería Jurídica del estado.
Así se hacen grandes los consorcios de abogados. Ojalá, de darse esa influencia, en la Consejería Jurídica de Tlaxcala no vayan a ventilarse asuntos de carácter particular y, menos en los que vayan a incidir clientes de algún despacho de renombre. Podría darse.
Y menos que llegase a existir una especie de tráfico de influencias con la representación patronal ante el tribunal de conciliación y arbitraje. Eso sería muy malo. Sobre todo si llegan a ventilarse, insisto, casos encargados a algún despacho de renombre.
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