Así, abiertamente se incumple con la ley de obra pública y su reglamento. Por eso las calles se llenan de baches antes de que las acaben, por eso usan materiales pésimos a costos de oro.


Las irregularidades en las estructuras encargadas de la obra pública en Tlaxcala son un tema que preocupa, sobre todo en épocas como esta que vivimos, en que hay poco dinero y a de este se espera el mayor rendimiento.

Ocurre que en obras como el Hospital General de Calpulalpan, como la ampliación Calpulalpan-Ocotoxco, como la ampliación Tlaxcala- Papalotla (en sus distintos segmentos) se incumple con el reglamento de la Ley General de Obra Pública, con base en el cual debe existir un responsable.

A este, el artículo 84 de dicho reglamento lo considera Residente de Obra y lo dota de amplias facultades basadas en el perfil académico con el que debe cumplir, nivel por cierto, supervisado por la Secretaría de la Función Pública.

El residente de obra se vale de supervisores de obra, menores en jerarquía y en consecuencia no responsables.

Así que los constructores pueden ser sancionados por funcionarios medios, considerados como supervisores y, no cuentan con el respaldo de residentes.

Esto es gravísimo.

Y da pie al incumplimiento presupuestal, al uso de materiales deficientes, a la desesperada acción de financiar con recursos propios o mediante créditos con terceros, obras cuyo presupuesto ya fue liberado.

Todas esas facultades, bueno, la solución a problemas de esa envergadura está en manos de los residentes.

Y en Tlaxcala no hay residentes.

No hay responsables de una bitácora donde se detalle el avance de acuerdo con los proyectos, la entrega de los recursos según lo calculado, la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

Es un caos.

Por eso a estas fechas el hospital de Calpulalpan no entra en funciones.

Por eso los costos del asfalto en obras de pavimentación sale del control de los contratistas.

¿Y quiénes son los afectados?

Pues nosotros, los que nos encontramos con baches en calles de reciente pavimentación, o que nos tenemos que aguantar heridos o graves, porque el hospital tal o cual, ahí está, todo un guacal grande y aparatoso, pero le faltan detalles, esos detalles que en manos de un residente de obra se habrían concluido desde hace mucho.

Cómo no va a ser necesaria la intervención de la Función Pública si de una u otra manera se incumple con:

Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente; V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios;

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden;

X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización;

En fin, faltan otras atribuciones que, como podrá usted ver, plantean un desarrollo perfecto de las obras y consideran improbable la devolución de recursos, como tuvo que hacerse durante la administración del anterior secretario de Obras, cuando vimos partir algo así como cuarenta millones de pesos, sencillamente porque no contamos con el personal capacitado para realizar trámites, comenzando por los residentes/responsables de las obras.

Creo que estas irregularidades dan pie a la creación de comités ciudadanos para supervisar, primero que exista responsable y luego para exigir a este el cumplimiento de sus obligaciones. Nada de extraordinario. La obra pública debe ser tan transparente y cumplida que en verdad refleje el progreso de las comunidades.

Desgraciadamente nos enfrentamos a burócratas de quinta, sin el perfil académico, doctorados en improvisación y con reconocimientos especiales en corrupción, capaces de hacer que una obra, una sencilla obra, se convierta en un sinuoso proyecto, sin pies ni cabeza, al que ningún constructor en sus cinco sentidos tiene ganas de realizar.